La Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), presentaron a sus países miembros la propuesta de “Ley Marco para Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia”, que muestranotables similitudes con la “Ley de Ciberdelitos” o “Ley Mordaza” aprobada el 27 de octubre de 2020 en Nicaragua y aplicada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El pasado 19 de agosto, el SICA y PARLACEN argumentaron a través de una nota de prensa que la propuesta de Ley Marco “tiene como propósito que los ocho países del Sistema cuenten con normativas armonizadas para prevenir, investigar y sancionar conductas dolosas de individuos u organizaciones criminales que utilizan las tecnologías de la información para una diversidad de fines ilegales que afecta a gran parte de la población de los países del SICA”.

Mientras que el 27 de septiembre pasado, el PARLACEN anunció que se aprobó el “Dictamen a Iniciativa de Resolución sobre Propuesta de Ley Marco de Prevención y Protección contra Ciberdelincuencia en países del SICA; emitido por Comisión de Asuntos Jurídicos @PARLACEN que invitó a exponer al Director de Seguridad del SICA, Lic. Hefer Morataya”.

La propuesta, además de replicar el principio de extraterritorialidad de la Ley de Ciberdelitos nicaragüense, incorpora elementos de cooperación técnica y económica internacional, abriendo la puerta a prácticas de extradición.

Uno de los puntos más controversiales es el artículo 32 de la propuesta, que penaliza la difusión de información falsa. Este artículo se asemeja al artículo 30 de la ley nicaragüense, que ha sido utilizado para silenciar voces críticas bajo la acusación de propagar “noticias falsas”.

La ley del SICA establece penas de tres a seis años de prisión por difundir información que pueda comprometer la seguridad y estabilidad financiera.

A pesar de las críticas, Jorge Fernando Jiménez, representante de Honduras en el Parlacen y promotor de la ley, argumenta que la normativa no se inspira exclusivamente en la legislación nicaragüense, sino que toma elementos de diferentes países, incluidos Rusia y Estados Unidos, según detalla el medio Divergentes.

Según Jiménez, esta propuesta es un paso adelante para actualizar la respuesta de Centroamérica ante los desafíos de la ciberdelincuencia, especialmente en países donde la legislación en este ámbito es casi inexistente.

Sin embargo, la experiencia en Nicaragua sugiere que tales leyes pueden ser utilizadas más como herramientas de represión que como verdaderos mecanismos de protección. A pesar de la urgencia declarada por combatir el abuso infantil y otros delitos cibernéticos, los resultados en la práctica han sido desalentadores, con apenas un caso significativo de condena por ciberdelitos en el país.

La propuesta de ley marco del SICA plantea así un dilema: mientras busca un enfoque conjunto para abordar la ciberdelincuencia, también corre el riesgo de convertirse en un instrumento de control social que limite la libertad de expresión y el acceso a la información en la región.

Cabe destacar que dicha normativa se gestó con la llegada de “expertos rusos”, y tomó fuerza mientras el régimen Ortega-Murillo estaba al frente del Parlamento regional.