El sistema costarricense de refugio se encuentra saturado y próximo al colapso, según advirtió Jhoswel Martínez, presidente de la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU), al referirse a las más de 224,000 solicitudes pendientes de resolución, de las cuales el 86% corresponden a personas nicaragüenses.
Martínez calificó como “insostenible” la actual capacidad de respuesta de la Unidad de Refugio del Ministerio de Migración y Extranjería, afirmando que Costa Rica, a pesar de su vocación humanitaria, no cuenta con los recursos ni el personal suficiente para hacer frente a la magnitud de la crisis migratoria, agravada desde el estallido de la represión en Nicaragua en 2018.
“Costa Rica históricamente ha sido un país pequeño, con una institución que está programada para tener poca capacidad. Desde el 2018 acá, hubo una ola migratoria enorme, desproporcional a la capacidad de atención de parte de Unidad de Refugio de Costa Rica y que pese a los múltiples esfuerzos que ha habido con años de aumentar tanto el personal como la capacidad, este realmente no se da abasto para poder atender a la gran cantidad de solicitudes de refugio”, declaró Martínez a La Mesa Redonda.
El presidente de ASIDEHU detalló que la capacidad de atención mensual no supera las 3,000 solicitudes, lo que implica que miles de personas deben esperar años para acceder siquiera a una entrevista preliminar.
El cuello de botella se ha agudizado por la reducción de fondos internacionales, especialmente tras el recorte de cooperación por parte de Estados Unidos a la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
“El sistema está saturado, está próximo a colapsar. Es casi insostenible ahorita el poder decir vamos a seguir recibiendo a tanta gente si no hay recursos para ello. El Estado no destina los suficientes recursos y no tiene capacidad para resolver, y la cooperación internacional tampoco ha repuesto ese recurso que Estados Unidos canceló a Naciones Unidas, a la ACNUR en este caso, para Costa Rica. Entonces está al borde del colapso”, advirtió.
Riesgos y discriminación para quienes esperan
Además del rezago institucional, Martínez alertó sobre los riesgos que enfrentan quienes permanecen durante años como solicitantes de refugio sin resolución.
“Siguen sujetos a discriminación, hay muchas personas que se desesperan sobre su trámite, si bien el ser solicitante de refugio te deja ser sujeto a muchos derechos, pero hay muchos de esos derechos que no son reales”, criticó.
El defensor ahondó en que, aunque ser solicitante otorga ciertos derechos, estos no siempre se materializan en la práctica, especialmente en la solicitud de préstamos y financiamientos.
Medidas urgentes para evitar el colapso del sistema
Martínez propuso una serie de medidas urgentes para evitar el colapso del sistema:
- Automatizar el cierre de casos inactivos, como aquellos cuyas entrevistas de elegibilidad nunca se realizaron.
- Incrementar la contratación de personal para acelerar las entrevistas y resoluciones.
- Dotar de mayor frecuencia y recursos a la Comisión de Visas y Refugio, que actualmente resuelve casos con lentitud.
- Separar esta comisión del resto del aparato migratorio, para evitar cuellos de botella institucionales.
Nicaragua, el principal país emisor de migrantes
El colapso del sistema costarricense de refugio está estrechamente vinculado con la crisis sociopolítica nicaragüense. Desde 2018, más de 195,000 nicaragüenses han solicitado refugio en Costa Rica, buscando protección ante la represión y persecución del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Nicaragua es el país que más ha enviado, expulsado, provocado desplazamiento forzado a nivel de esta región y Costa Rica es el país más cercano de Nicaragua, claramente mucha de esa población va a venir para acá, a este país, porque es el más cercano”, afirmó Martínez.
Pese al elevado número de solicitudes, solo 23,354 personas han sido reconocidas como refugiadas en Costa Rica, de las cuales 9,942 son nicaragüenses.