El titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández, ratificó que Paulo Abrão sigue siendo jefe ejecutivo del organismo e indicó que la decisión del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, de bloquear su renovación es “una separación de facto sin seguir el debido proceso”.
En entrevista con el medio argentino TELAM, Hernández aclaró que “no son denuncias (contra Abrão), sino visitas” que se hicieron a la Ombudsperson, la funcionaria encargada de conciliar las quejas del personal, y que no están individualizadas contra el secretario ejecutivo “sino que son situaciones generales del ambiente laboral”.
Abrão fue reelegido en enero de este año para un segundo período que comenzaba el 15 de agosto. Sin embargo Almagro, encargado de firmar el nuevo contrato, vetó esta designación y difundió el contenido de un informe confidencial que menciona “61 denuncias” de trabajadores de la comisión sobre el actual funcionamiento interno.
La CIDH cree que la decisión es “un grave embate a su autonomía e independencia”, según indicó en un comunicado, postura que es compartida por un grupo de excancilleres de América Latina y distintas organizaciones de derechos humanos de la región.
Entrevista de TELAM a Hernández:
-Télam: ¿Quién es hoy el secretario ejecutivo de la comisión?
-Joel Hernández: Paulo Abrão. El 9 de enero la comisión tomó la decisión unánime de renovarle el mandato. Es un hecho que hoy no tiene un contrato que le permita realizar sus funciones administrativas, pero la comisión le dio su voto de confianza y no convocó a un concurso para un nuevo secretario ejecutivo ya que insiste en la renovación de su contrato.
-T: ¿Se siguieron los mecanismos correspondientes para la no renovación de Abrão?
-JH: Esa es la cuestión y lo que nos sorprendió. La decisión de la comisión se hizo pública el 9 de enero, pasaron ocho meses y no hubo ninguna señal de desaprobación. Hasta que me llega una comunicación por escrito señalando la decisión del secretario general de la OEA de no continuar con el proceso de renovación del contrato.
-T: ¿Esperaban esa decisión por parte de Almagro?
-JH: Fue muy sorpresiva. Nuestra reflexión es que si el secretario general hubiese tenido algún problema o impedimento, tuvo ocho largos meses para hacerlo saber. En este tiempo de pandemia mantuvimos varias reuniones, virtuales para analizar cuestiones administrativas.
-T: ¿Y en ningún momento Almagro manifestó un reparo?
-JH: Nada. Pudo haberme llamado o pudo haberlo conversado con la junta directiva o con la comisión. Hay una obligación en el estatuto de, en casos de separación del secretario ejecutivo, tener consultas con la comisión. Y eso nunca ocurrió.
-T: ¿Qué piensa de las fechas en las que ocurrió todo?
-JH: Llama la atención porque es un informe que se presenta cinco días antes (del inicio del segundo mandato de Abrão) sobre hechos que la Ombudsperson venía observando desde el año pasado. Sorprende que el informe no se haya presentado con anticipación y que no tome en cuenta las medidas adoptadas por el secretario ejecutivo para atender sus recomendaciones.
-T: Más allá del cuestionamiento de hacer público un informe confidencial, esas denuncias existen, ¿no?
-JH: Hay que poner las cosas en contexto. Primero, se trata efectivamente de un informe de carácter confidencial. Segundo, el número está mal explicado: no son 61 denuncias, son 61 registros de visitas a la Ombudsperson. Tercero, tampoco podemos hablar de denuncias porque no se trata de una caracterización de hechos concretos, sino lo que hace la Ombudsperson es evaluar situaciones generales del ambiente laboral y a partir de ahí hacer recomendaciones. Esto confunde a la opinión pública: no son denuncias, no son casos y no están individualizados. La comisión vela por el respeto de los derechos laborales y desde el primer momento que tuvimos conocimiento del informe, le expresamos al secretario general el mayor interés que se avance en las investigaciones y se deslinden responsabilidades.
-T: ¿Alguna vez sintieron, previo a esta situación, que la autonomía de la CIDH estaba siendo avasallada por Almagro?
-JH: En los dos años y medio que llevo en el cargo nunca hubo un momento de oposición con el secretario. Fue respetuoso de nuestras funciones, autonomía e independencia. No hubo ninguna presión ni señalamientos al trabajo que realizamos. Por eso es tan sorprendente la manera en que se suceden las cosas desde el 15 de agosto. La comisión, actuando de buena fe, espera que continúe esta relación de respeto. Es con este hecho cuando se quiebra la confianza que habíamos construido.
-T: ¿Mantiene negociaciones personales con Almagro?
-JH: No ha habido comunicaciones directas en la última semana, pero como presidente del CIDH estoy abierto a dialogar porque es en el interés de la organización zanjar esta crisis. No solo afecta a la comisión, sino a la organización en su conjunto y al secretario general también.
-T: Si no llegan a avanzar en la designación de Abrão, ¿barajan otras opciones?
-JH: Por el momento no. Insistimos en el derecho que asiste a la comisión. Fijamos tres puntos de base para una solución: reafirmarmos nuestra prerrogativa de seleccionar y renovar el mandato del secretario ejecutivo; subrayamos el reconocimiento de los derechos laborales de las y los trabajadores de la comisión; y pedimos que todo procedimiento se haga conforme al debido proceso. Reafirmamos la presunción de inocencia, porque aquí hemos sufrido no solamente una negación a la prerrogativa de nombrar al secretario ejecutivo, sino también una separación de facto de Abrão sin seguir el debido proceso.