La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó que la crisis de los derechos humanos “continúa profundizándose” en Nicaragua, donde la sociedad civil no puede participar en la vida social y política “de manera libre y segura”.
En un informe que analiza el cierre del espacio cívico en Nicaragua mediante la cancelación de personerías jurídicas, la CIDH sostuvo que este proceso de cierre del espacio cívico en el país es resultado de la “implementación paulatina y sostenida de una estrategia estatal represiva”, del régimen de Daniel Ortega.
La CIDH considera que la libertad de expresión, el derecho de reunión, la libertad de asociación y el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos constituyen principios fundamentales de la democracia y, simultáneamente, componentes esenciales del espacio cívico.
“El contexto de Nicaragua constituye uno de los casos más graves observados en la región”, apuntó.
Entre el 18 de abril de 2018 y el 31 de agosto de 2023, el régimen canceló la personería jurídica de 3.390 organizaciones, cuyos bienes también fueron confiscados.
En Nicaragua “prevalece una política de represión y persecución sistemática en contra de cualquier persona considerada opositora al gobierno mediante la imposición de un estado policial”, denunció.
El organismo advierte “con preocupación la implementación de políticas y acciones estatales para destruir o resignificar desde la perspectiva del partido oficial aquellos sitios que fueron emblemáticos de las protestas de abril de 2018”.
Asimismo, denunció que “las sedes de las organizaciones de la sociedad civil y de los medios de comunicación confiscados han sido desmantelados y empleados por el partido del Gobierno para otros fines y como un símbolo de victoria”.
La CIDH insta al régimen a “dejar sin efectos todos los decretos y actos de autoridad relativos a la cancelación de la personalidad jurídica de organizaciones de la sociedad civil que han sido aprobados sin garantizar el debido proceso, devolver a sus integrantes las instalaciones y todos los bienes confiscados, en las mismas condiciones en las que se encontraban al momento del allanamiento de las instalaciones de la organización”.
“La CIDH hace un llamado al Estado de Nicaragua a adoptar las medidas necesarias para la superación de la crisis de derechos humanos mediante el restablecimiento de la institucionalidad democrática, la plena vigencia del Estado de Derecho y las libertades fundamentales, conforme las recomendaciones formuladas por la CIDH en este y otros informes”, concluye.