La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este viernes su preocupación por la aprobación de la reforma electoral en Nicaragua “que mantiene e intensifica el cierre de los espacios democráticos en el país”.
“La CIDH urge al Estado a adoptar medidas inmediatas para asegurar normas electorales y un contexto social y político compatible con un proceso electoral de amplia participación y competencia, así como la celebración de elecciones libres, transparentes, justas y observadas”, apuntó ese organismo en una declaración.
La CIDH refirió que la reforma electoral recientemente aprobada por el orteguismo y sus aliados “lejos de ampliar la participación democrática y de asegurar la realización de elecciones libres, justas, competitivas, observadas y legítimas, produce cambios mayoritariamente formales en el actual sistema; además, incorpora reglas que restringen la competencia electoral y el ejercicio de los derechos políticos”.
“En efecto, la referida norma limita la participación mediante el incremento de causales de suspensión y cancelación de la personalidad jurídica de partidos políticos y a través de la incorporación de hipótesis de cancelación con las cuáles la narrativa oficial ha criminalizado arbitraria e ilegalmente a personas identificadas como opositoras en el contexto de la crisis de derechos humanos que afecta al país”, señaló.
La Comisión subrayó que la presente situación en Nicaragua, “intensifica la grave crisis de derechos humanos en el país y afecta seriamente la legitimidad del proceso electoral a celebrarse este año. En particular, ante la persistencia de un contexto generalizado de grave impedimento al ejercicio de las libertades públicas, por medio de un dispositivo sistemático, civil y policial, desplegado en todo el territorio nacional, con el fin de impedir incluso el movimiento de cualquier líder o lideresa que pudiera articular o difundir públicamente ideas contrarias a las oficiales, a través de la vigilancia, intimidación, agresiones, detenciones y, eventualmente, criminalización de éstas”.
La CIDH urgió al Estado de Nicaragua a “dejar sin efecto toda normativa que limite arbitrariamente el ejercicio de los derechos políticos y las libertades públicas, así como a restablecer un ambiente de libertades y respeto a los derechos políticos, con el fin de asegurar la realización de elecciones libres y justas, según las recomendaciones realizadas por la comunidad internacional, incluida la Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE/OEA) en 2017, y las resoluciones del Consejo Permanente y de la Asamblea General de la Organización de los Estado Americanos”.