La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana (OACNUDH) condenaron este miércoles “la persecución penal” en contra de líderes y lideresas de la oposición nicaragüense, que hicieron públicas sus aspiraciones para competir por la presidencia en las elecciones generales convocadas para el próximo 7 de noviembre.
Ambas organizaciones mencionaron a Cristiana Chamorro Barrios, bajo arresto domiciliar por presuntos cargos de “lavado de dinero”, a Arturo Cruz Sequeira, detenido bajo la “Ley No.1055 de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz”.
También señalan que Félix Maradiaga, fue detenido por efectivos policiales, de conformidad con la ya citada Ley No. 1055. Asimismo, subrayan la detención de Juan Sebastián Chamorro García, al igual que a la lideresa política, Violeta Granera Padilla, y al líder gremial, José Adán Aguerri Chamorro.
“La Comisión y la OACNUDH en varias oportunidades han señalado que las diversas leyes aprobadas desde el inicio de la crisis de derechos humanos en abril de 2018, incluyendo las tres arriba mencionadas y la reforma electoral adoptada el 4 de mayo pasado, contienen disposiciones que violan normas y estándares regionales e internacionales en materia de derechos humanos, que el Estado de Nicaragua se ha comprometido a cumplir. Ambas instituciones también recomendaron realizar todas las gestiones necesarias para dejar sin efecto toda normativa que limite arbitrariamente el ejercicio de los derechos políticos y las libertades públicas de los nicaragüenses, advirtiendo además que podía ser utilizada para perseguir indebidamente a las personas percibidas como opositoras del Gobierno”, dice un comunicado conjunto.
La CIDH y la OACNUDH resaltaron que la persecución penal en contra de los precandidatos y la precandidata de la oposición “presentan varios elementos que violan el derecho a la libertad personal, el principio de legalidad, la presunción de inocencia, el derecho a ser juzgado por un tribunal o juez imparcial, así como otras garantías del debido proceso”.
La CIDH y la OACNUDH instaron a las autoridades de Nicaragua a “liberar de inmediato a todas las personas detenidas en el marco de estas investigaciones, a garantizar su integridad y seguridad personal, y a restablecer las garantías para el goce pleno de los derechos civiles y políticos, en particular, de todas las personas que aspiran a concurrir para cargos de elección pública y de los y las votantes para que se les permita escoger libremente la opción de su preferencia”.