La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados de España aprobó el lunes, una proposición no de ley (PNL) que condena “clara y rotundamente la violación reiterada de los derechos humanos del pueblo nicaragüense por parte del Gobierno de Daniel Ortega”.
La propuesta contó con el voto a favor del Partido Socialista Obrero Español (el partido de Gobierno, PSOE), los partidos de derecha Ciudadanos y Vox, y del Grupo Parlamentario Popular (PP), este último el impulsor del proyecto.
La propuesta fue rechazada por la izquierdista Unidas Podemos, cuya portavoz, Lucía Muñoz, quien acusó al PP de no querer trabajar por los derechos humanos en la región, sino defender “una agenda reaccionaria” y ha apostado por una “solución dialogada al conflicto político en Nicaragua”.
El texto aprobado con una enmienda del PSOE pide al gobierno español “exigir a Nicaragua el fin de la represión”, la restitución a la ciudadanía de todos sus derechos y la inmediata puesta en libertad de manifestantes y opositores “arbitrariamente encarcelados”.
También pide actuar en el ámbito europeo para contribuir a crear condiciones “que garanticen un proceso limpio, justo y transparente” de cara a los comicios previstos a finales de 2021 y para que la UE “mantenga la presión” sobre el régimen de Ortega aplicando de forma efectiva las sanciones individuales para responsables de violaciones de derechos humanos.
Asimismo, demanda al Gobierno español “actuar en el ámbito de las instituciones de la Unión Europea (UE) para que se pronuncie en términos similares y para que condicione el reconocimiento de las elecciones presidenciales que se celebrarán en 2021 en Nicaragua al cumplimiento de las mínimas garantías democráticas exigibles”.
El Congreso ademán insta a las instituciones de la UE a “aplicar de forma efectiva las sanciones unipersonales aprobadas y previstas por la Unión Europea para castigar a aquellas personas que sean responsables de violación de los derechos humanos, como es el caso de las actuales autoridades nicaragüenses”.
También, piden a las instituciones de la UE “la aplicación y cumplimiento de la Cláusula Democrática del Acuerdo (de Asociación) que rige las relaciones entre la Unión Europea y los países de la ACP del cual forma parte Nicaragua”.
*Con información de Europa Press y Despacho 505