La Comisión Organizadora del ‘Congreso por la Unidad de los Nicaragüenses Libres’ convocó a “todas las organizaciones y ciudadanos, sin exclusiones ideológicas” a sumarse a un encuentro previsto para el domingo 9 de enero de 2022, con el propósito único de luchar por el derrocamiento de la dictadura Ortega-Murillo, impedir todo intento de legitimarla a través de “diálogo y elecciones” y el inicio de una transición hacia la democracia de Nicaragua.
“Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa; y, nuestra diversidad nos hace fuertes, porque se traduce en más ideas, más propuestas, más soluciones para los graves problemas que afligen a nuestro pueblo: represión política, miseria económica, desigualdad injusta”, reza el comunicado de la Comisión.
“Declaramos solemnemente que las puertas de este Congreso de Unidad de los Nicaragüenses Libres están abiertas a TODAS las organizaciones y ciudadanos, sin exclusiones ideológicas, en total igualdad de condiciones, en hermandad democrática, sin privilegios, sin componendas, sin pactos de cúpulas ni arreglos bajo la mesa, con transparencia, con rectitud”, apunta el Congreso integrada por más de 38 organizaciones cívicas.
ELEGIRÁN “CONSEJO NACIONAL POR LA TRANSICIÓN”
El texto aclara que cada organización tendrá el mismo número de votos para elegir, pública y democráticamente, al “Consejo Nacional por la Transición, equipo de coordinación y representación del Congreso”.
Agrega que, la “única condición” para ingresar al Congreso es comprometerse con el derrocamiento de la dictadura Ortega-Murillo, y rechazar todo intento de legitimarla a través de “la gastada pantomima de diálogo y elecciones”.
El documento explica que tras “derrocar a la dictadura”, el Congreso designará un “Gobierno de Transición”, que deberá “organizar la elección democrática de una Asamblea Constituyente que prepare un proyecto de Constitución y lo someta a referéndum popular”.
“Si la Constitución es aprobada, pasará a ser el marco legal de un proceso de votación libre y democrático en el que se escogerán todas las autoridades nacionales y locales de la nueva Nicaragua”, añade.
Danilo Martínez, miembro de Comisión Organizadora explicó que al “Gobierno de transición” le corresponderá dirigir al país, pacificar al país, ordenar al país para que se restituya el orden constitucional y que se restablezca el orden democrático”.
Alega que la legalidad de este proceso se argumenta bajo la soberanía nacional que reside en el pueblo, a través de instrumentos democráticos y elección de representantes libremente electos. Y tomando en cuenta que las elecciones del 7 de noviembre no son válidas, la Asamblea Nacional que se instalará el 9 de enero no será reconocida, lo mismo sucederá con el Presidente y Vicepresidente de la República.
“Los nicaragüenses no podemos aceptar una Asamblea Nacional fruto del fraude electoral. Nicaragua va a amanecer el 10 de enero sin gobierno, habrá un vacío de poder. La transición hacia la democracia se va a hacer de la manera más ordenada posible”, señaló Martínez.
Agregó que, tras la instalación de un gobierno transicional, la celebración de elecciones debe hacerse de la forma “más breve”.
“Se está pensando entre 12 a 18 meses… Es urgente y a la brevedad que Nicaragua alcance su normalización”, zanjó.
Asimismo, destacó sobre la redacción de una nueva Constitución Política por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, que debe ser aprobada por la población y ya aprobada se convocará a elecciones generales y municipales.