El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) denunció este jueves que la Iniciativa de Ley de Protección Fitosanitaria que está impulsando el régimen orteguista es “discrecional, recaudatoria y discriminadora”, con lo que continúa el “con afán recaudatorio”, esta vez a favor del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA).
La mencionada iniciativa de Ley sería aprobada próximamente por la bancada orteguista de la Asamblea Nacional dándole la facultad al IPSA, para que se encargue de sancionar con multas de 100 a 5,000 dólares, a los productores que no se inscriban ante la entidad.
Con esta iniciativa de ley, IPSA también tiene facultad de suspender el establecimiento, es decir cerrar la finca, parcela o espacio para producir.
Al respecto, el COSEP señaló que el IPSA “no puede convertirse en juez y parte en relación con presentar denuncias ante la autoridad competente por la probable existencia de un delito. La iniciativa deja al reglamento, y por tanto a discreción del Ejecutivo, la organización, estructura y funciones del Consejo Fitosanitario, que podrían ser modificados en cualquier momento”.
El Consejo agregó que el régimen orteguista continúa con su afán recaudatorio, porque “se establece que los ingresos percibidos por los servicios que preste y los fondos captados por el IPSA, como consecuencia de las multas administrativas, son parte de sus recursos económicos, pero no especifica que estos deben ingresar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, lo que crea un incentivo perverso, ya que por un lado, el IPSA determina los servicios que presta, no quedando claro quién autoriza sus tarifas y por otra lados es quién impone y determina las multas administrativas y dispone de esos recursos”.
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El COSEP también califica la iniciativa de Ley como “discriminatoria”, por la “responsabilidad de cumplimiento de las medidas de prevención, control y erradicación de plagas es de toda persona natural o jurídica. La iniciativa establece que podrá exceptuarse de dichos costos a quienes no cuenten con los medios económicos, suficientes, al igual que para la aplicación de sanciones. Esta disposición crearía desigualdad en los costos de producción y distorsionaría la libre competencia”.
Desde 1998 Nicaragua cuenta con una ley básica de sanidad animal y vegetal, que obliga al sector agropecuario implementar prácticas y mecanismos de salubridad en sus fincas y procesos industriales.