El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) junto a tres organizaciones regionales defensoras de los derechos humanos y la libertad de expresión pidieron al régimen de Daniel Ortega poner fin al acoso contra los periodistas.
En un pronunciamiento escrito “expresan su solidaridad con los periodistas nicaragüenses e instan a las autoridades de todo el país a cesar el hostigamiento generalizado de periodistas y a garantizar que los medios y las organizaciones defensoras de la libertad de expresión puedan ejercer su labor en condiciones de seguridad”.
En la misiva, las organizaciones señalan que el régimen y las fuerzas de seguridad nicaragüenses reprimieron de manera “brutal” a los manifestantes durante las protestas que iniciaron en abril de 2018.
“El clima para el ejercicio del periodismo en Nicaragua se ha vuelto cada vez más hostil”, agregan y señalan que “al menos 12 medios se han visto obligados a cerrar permanentemente”.
Así mismo, afirman que los periodistas han sino amenazados y hasta encarcelados.
A esto se le suma la falta de claridad en el tema, en medio de la pandemia de COVID-19, la cual “no ha hecho más que contribuir a reforzar la falta de transparencia, pues el Gobierno nacional niega la gravedad de la crisis y ha logrado que sea prácticamente imposible para los periodistas y la ciudadanía encontrar información confiable en materia de salud pública”.
El comunicado también expresa la preocupación por dos leyes adoptadas a finales del 2020 que, según las organizaciones, incrementa la censura y el control del régimen.
La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos “ampliaron la capacidad del Gobierno de controlar y silenciar a la sociedad civil y los medios de comunicación, según el análisis de Relatores Especiales para la Libertad de Expresión de la ONU y la CIDH”, indica el texto.
El panorama preocupa, debido a que la prontitud con que se realizarán las elecciones nacionales programadas para noviembre de 2021. Por eso, las organizaciones instan al régimen orteguista a “cumplir sus obligaciones internacionales de garantizar la libertad de prensa y el acceso a la información, cesar el empleo de leyes restrictivas para censurar a la prensa, y permitir que los periodistas y las organizaciones defensoras de la libertad de prensa desempeñen sus actividades libremente”.
Otra preocupación latente son los casos de periodistas exiliados y la suspensión de actividades de las principales organizaciones nacionales defensoras de la libertad de expresión, PEN Nicaragua y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. El texto explica que los cierres se dan “debido a que les preocupaba la posibilidad de enfrentar procesos judiciales en virtud de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros”.
El pronunciamiento se hizo a propósito del Día Nacional del Periodista en Nicaragua y el CPJ se sumó a tres organizaciones: el IFEX-ALC, la AMARC-ALC y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.
*Con VOA | Foto: La Lupa / O. Navarrete