La pandemia de COVID-19 ha servido de excusa a varios países de las Américas para “criminalizar” la libertad de expresión y han tomado medidas que restringen el trabajo de periodistas, activistas, profesionales de la salud y ciudadanos, según un informe del Diálogo Interamericano, en el que incluye a Nicaragua.
La organización identifica tres “tendencias preocupantes” que amenazan la libertad de expresión en el continente: una mayor presión a periodistas y medios de comunicación, límites al acceso a la información y campañas de desinformación online, “en algunos casos promulgadas por funcionarios públicos”.
Los expertos denunciaron que los jefes de Estado de Estados Unidos, Guatemala y Nicaragua han “estigmatizado” a la prensa por sus informes de la pandemia.
En Nicaragua, el informe lamenta que Daniel Ortega “acusó a los medios de difundir noticias falsas sobre el ocultamiento de las cifras de COVID-19 por parte del gobierno”, caracterizando esos reportes como “terrorismo desinformativo”.
Según el reporte, hay gobiernos que han usado la pandemia como justificación para la opacidad y no han compartido datos sanitarios fidedignos, no han respondido pedidos de acceso a la información, ni han garantizado la transparencia del gasto público relacionado con el nuevo coronavirus.
“Se agravó la situación en los países en los que ya había regímenes autoritarios, y que buscan la persecución de periodistas y de disidentes”, explicó Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la agencia AFP citando el caso de Venezuela y de Nicaragua.
El documento señala que, en Nicaragua, “cuatro miembros del Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua fueron despedidos súbitamente el 23 de abril, una medida criticada por constituir un intento de silenciar voces calificadas que señalaron las deficiencias del sistema de salud. Según informes, médicos en Nicaragua temen hablar abiertamente sobre las condiciones de los hospitales públicos bajo la órbita del Ministerio de Salud porque temen represalias. De hecho, Human Rights Watch reportó en junio que las autoridades nicaragüenses habían despedido a por lo menos diez profesionales de la salud aparentemente como represalia por haber expresado preocupación acerca del manejo del gobierno de la crisis de salud del COVID-19”.
Agregó, que el régimen de Ortega “ha impulsado campañas de desinformación para minimizar la amenaza de la COVID-19. Ha subestimado ampliamente el número de casos en el país, desaconsejado los cierres y la distancia social, y organizó eventos masivos como el desfile ‘Amor en Tiempos de COVID-19’”.