Al menos 59 organizaciones opositoras nicaragüenses y del exterior exigieron este miércoles al régimen Ortega-Murillo que asuma con responsabilidad la realidad de emergencia internacional y reconozca la vulnerabilidad extrema y riesgo de muerte en el que están los presos políticos del país.
A través de un comunicado, denunciaron que por las torturas recibidas y problemas de salud crónicos, los reos políticos tienen un grado de vulnerabilidad mayor ante el COVID-19.
Es por ello que demandaron la liberación inmediata de más de 60 presas y presos políticos, privados de sus derechos desde abril 2018. “Hacemos mención especial de presos políticos que han denunciado complicaciones de salud: María Esperanza Sánchez, padece de hipertensión arterial y asma cardiaca; se ha denunciado que le están negando la entrada de medicamentos; a Marvin Vargas, preso político con 9 años de confinamiento arbitrario y con aparente cáncer de próstata, de quien se han denunciado graves torturas; Jaime Navarrete sometido a torturas y ambiente insalubre, dos veces detenido por razones políticas y enfermo gravemente y Carlos Bonilla a quien han torturado y mantenido en condiciones insalubres”, detallaron.
Las organizaciones también exigieron la cancelación de todos los juicios políticos en contra de los reos detenidos por protestar contra la dictadura Ortega-Murillo.
Asimismo, reclamaron cumplir con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que se tome como “medida paliativa para los efectos del coronavirus, dar prioridad a las medidas no privativas de libertad para presuntos responsables y reclusas/os con perfiles de bajo riesgo y especialmente vulnerables, dando preferencia a las embarazadas y a las mujeres con hijos/as”. También “otorgar régimen de convivencia familiar para toda persona privada de libertad con riesgos por edad o enfermedades crónicas”.
Los opositores indicaron que en los establecimientos penitenciarios del país no se cumplen con las medidas sanitarias necesarias para evitar la propagación del virus y las muertes a causa de este.
A esto se suma el hacinamiento que “es violatorio de derechos humanos encontrándose recluidas hasta 20 personas en celdas con capacidades para 6, aumentando la insalubridad”.
Por último, hicieron un llamado de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, “sobre evitar la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes escrito en las Recomendaciones del Subcomité de Prevención de la Tortura a los Estados Parte y Mecanismos Nacionales de Prevención relacionados con la pandemia de Coronavirus, así como su llamamiento a que, en esta crisis sanitaria, toda respuesta deba basarse íntegramente en los derechos humanos”.
El pasado 9 de abril la CIDH expresó su preocupación por la situación de los presos políticos de Nicaragua durante la pandemia del COVID-19.
“Preocupa a la CIDH la situación de las personas privadas de libertad, debido a que se encuentran en particular riesgo de contagio (del coronavirus) por las condiciones propias de los centros penitenciarios”, destacó en un comunicado la CIDH.