La organización Prilaka Community Foundation denunció la noche del martes que simpatizantes orteguistas y “líderes impuestos” de la comunidad Esperanza río Wawa, en el territorio Wangki Twi Tasba Raya, municipio de Waspam en la Región Autónoma del Caribe Norte de Nicaragua, pretenden arrendar ilegalmente casi 2.000 hectáreas de tierras a los colonos invasores.
“El día 6 de febrero, una comisión integrada por simpatizantes del partido de gobierno y líderes impuestos originarios de la comunidad Esperanza río Wawa, en el territorio Wangki Twi Tasba Raya, quienes en reiteradas ocasiones han venido promoviendo arriendos de tierras comunales, en una reunión privada sin consentimiento de la comunidad acordaron realizar acuerdos ilícitos con colonos”, sostuvo la organización indígena en sus redes sociales.
Según la denuncia, los promotores del arriendo ilegal “convocaron a los colonos” para este 8 de febrero, “con el fin de negociar el derecho de posesión bajo la modalidad de arriendo dentro de una extensa área de tierra de 1,934.8 hectáreas por el monto de 400,000 córdobas”, propiedad que pertenece a la familia Muller, originarios de esa comunidad.
Prilaka Community Foundation, añadió que las tierras de la familia Muller “han sido invadida por los colonos desde años atrás de forma violenta” y que a pesar de que estos han denunciado tal situación, “no ha progresado”.
La organización reiteró “el llamado a las autoridades correspondientes atender las múltiples demandas de la población indígena por la violación a sus derechos individuales, en especial el derecho a la propiedad colectiva, ocasionadas por las violentas invasiones de colonos en sus territorios, así como la judicialización de promotores de las invasiones de territorios indígenas”.
La ONU ha denunciado que los indígenas nicaragüenses han sufrido numerosos ataques, algunos mortales, mientras los recursos naturales en sus territorios son explotados sin el consentimiento de sus pueblos.
Un informe de la ONU publicado en agosto pasado, señala las irregularidades en la concesión de licencias para la explotación de recursos naturales y proyectos de desarrollo en territorios indígenas, a menudo sin consultar previamente a estas minorías, o usando a personas no legitimadas como supuestos representantes de estos pueblos.