Varias organizaciones de sociedad civil y de atención a personas migrantes expresaron este martes 26 de agosto, su “rotundo rechazo” al Presupuesto Extraordinario 2025 de Costa Rica, que contempla una rebaja de ₡253,7 millones al Ministerio de Gobernación y Policía, de los cuales ₡147,3 millones corresponden directamente a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).
El pronunciamiento de las organizaciones fue leído hoy por el nicaragüense Jhoswel Martínez, presidente de la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU) en el salón de conferencias de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.
El ajuste busca redirigir fondos a la construcción del Centro de Alta Contención de la Criminalidad (CACCO). Sin embargo, los colectivos advierten que la decisión compromete funciones esenciales de Migración, como la emisión de pasaportes y DIMEX, así como los procesos del Tribunal Administrativo Migratorio, que también sufrió un recorte de ₡8,7 millones.
“Costa Rica no puede hablar de seguridad dejando vulnerables algunos derechos”, señala el comunicado conjunto. “Migración y Extranjería es una de las instituciones más subfinanciadas del Estado y los recortes la colocan al borde del colapso”.
Impacto en derechos fundamentales
De acuerdo con las organizaciones, los recortes afectan directamente el acceso de la población migrante a:
Identidad y documentación legal, requisito para trabajar y acceder a la seguridad social.
Justicia y debido proceso, ante la reducción de recursos al Tribunal Administrativo Migratorio.
Igualdad y no discriminación, al prolongar trámites que ya acumulan rezagos de hasta 12 meses.
Además, advierten que la Unidad de Refugio —que enfrenta más de 224 mil expedientes pendientes— quedará aún más debilitada. Varias oficinas regionales, recuerdan, dependen de donaciones internacionales para poder operar.
“No se puede hablar de seguridad debilitando derechos. Una política migratoria robusta y financiada no solo protege a la población migrante, sino que beneficia al país en su conjunto con más ingresos fiscales, menos informalidad y mayor cohesión social. Rechazamos categóricamente que se recorten recursos a Migración y Extranjería para financiar el CACCO”, señalaron las organizaciones.
Migración como aporte económico
Las organizaciones subrayan que la población migrante representa cerca del 10% de los habitantes del país y aporta hasta un 11% del Producto Interno Bruto de Costa Rica.
“No formalizar a la población migrante significa perder ingresos fiscales, mantener la informalidad y profundizar la precarización laboral”, indicaron.
Llamado a diputados
El comunicado fue acompañado de una carta dirigida a la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, en la que se solicita postergar o rechazar la propuesta de recorte.
Las organizaciones piden que, antes de tomar decisiones de este tipo, se consulte directamente a las poblaciones afectadas y a los colectivos que las representan.
También plantean que, en caso de aprobarse modificaciones, los recursos se redirijan a reforzar la Unidad de Refugio.
Firman el pronunciamiento:
● Asociación Acción Colectiva por la Inclusión Desarrollo y Derechos Humanos (ACIDHU)
● Asociación Alianza Vencer
● Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU)
● Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos de los Migrantes y Refugiados en Costa Rica (ANNADIR)
● Acompañar para integrar: rutas para promover la integración local de la población migrante y refugiada en Costa Rica (TC-738) – Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica
● Fundación Popol Na
● Instituto de la Memoria
● IRCA Casa Abierta
● Liga Feminista de Refugiadas Políticas
● Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica