El Juzgado Quinto Distrito Civil Oral de Managua, bajo la dirección del juez sandinista Javier Aguirre Aragón, emitió un mandamiento de ejecución contra la contribuyente María Asunción Madriz Fernández, en un proceso impulsado por la Alcaldía de Managua para el cobro de impuestos municipales supuestamente vencidos.
La resolución, registrada bajo el Asunto No. 000124-ORM4-2025-CO, ordena el pago inmediato de C$529,242.93 (quinientos veintinueve mil doscientos cuarenta y dos córdobas con noventa y tres centavos), más costas procesales, correspondientes a tributos de bienes inmuebles y tasa de basura domiciliar de los períodos 2015 a 2024.
El desglose presentado por la comuna capitalina abarca cinco propiedades en un condominio de lujo en Altos de Santo Domingo, con saldos que oscilan entre los 78 mil y los 113 mil córdobas.
Como medida de presión, el juzgado ordenó el embargo de la finca 236847-PH, inscrita en el Registro Público de la Propiedad de Managua. A primera vista, se trataría de un procedimiento fiscal rutinario. Sin embargo, la medida encierra un trasfondo más delicado: los bienes afectados pertenecen en su mayoría a terceros ajenos a la deuda reclamada.
Perjudicados: Andrés Lee y SUCASA
Los principales afectados son el ingeniero Andrés Lee y su empresa Soluciones Urbanas de Centroamérica S.A. (SUCASA), reconocida en Nicaragua por su trayectoria en proyectos inmobiliarios, comerciales, institucionales y de vivienda.
De las cinco propiedades señaladas, cuatro están inscritas a nombre de SUCASA, cada una con un valor superior a los 100 mil dólares. No obstante, el fallo judicial permite que, bajo el pretexto del cobro fiscal, el dominio y la posesión de los bienes recaigan en Madriz Fernández, la supuesta deudora.
En la práctica, se trata de un mecanismo de despojo, donde la demandada formal resulta beneficiada y los verdaderos propietarios pierden la seguridad sobre sus inversiones.
Un juez bajo cuestionamientos
El nombre del juez Javier Aguirre Aragón vuelve a colocarse en el centro de la polémica. Su historial incluye fallos señalados por favorecer intereses económicos o políticos cercanos al sandinismo, en detrimento de la legalidad y la protección de derechos.
Este episodio se inserta en un patrón más amplio de instrumentalización del Poder Judicial en Nicaragua. Diversos informes de la CIDH, el Grupo de Expertos de la ONU y Human Rights Watch coinciden en que los tribunales nicaragüenses han dejado de ser garantes de justicia para convertirse en instrumentos de persecución y control político.
Riesgos de inseguridad jurídica
El caso SUCASA ilustra el nivel de inseguridad jurídica que enfrentan empresarios y ciudadanos en Nicaragua. Si un juez puede ordenar el embargo de bienes inscritos a nombre de terceros, bajo la excusa de una ejecución fiscal, el derecho de propiedad pierde validez frente a la arbitrariedad.
En este contexto, la resolución de Aguirre Aragón del 25 de enero no es percibida como un acto de justicia imparcial, sino como otra herramienta de despojo legitimada desde los tribunales sandinistas.