La embajadora de Costa Rica en Estados Unidos, Catalina Crespo, aclaró este viernes que no fue convocada por el Congreso estadounidense en pleno, integrado por 535 legisladores, para referirse al proceso de levantamiento de inmunidad del presidente Rodrigo Chaves.
En realidad, atenderá una reunión privada con un solo congresista, Mario Díaz-Balart, presidente de un subcomité de asistencia exterior de la Cámara de Representantes.
Crespo explicó que la convocatoria no constituye una audiencia oficial ante el Congreso y que su carácter es estrictamente informativo.
“El señor Mario Díaz-Balart fue el que me convocó (…) Quería dejar claro que esta no es una conversación con el Congreso. Es una convocatoria donde me llaman a rendir cuentas”, dijo la diplomática en una entrevista con el medio tico Trivisión.
Díaz-Balart, republicano por Florida, visitó Costa Rica en julio de 2025 y sostuvo una reunión con el presidente Chaves. Si bien preside un subcomité, es únicamente uno de los 435 miembros de la Cámara de Representantes —o de los 535 si se incluye al Senado—, por lo que su convocatoria no implica un acto institucional del Congreso estadounidense.
TSE: citación no afecta el proceso electoral
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica emitió un comunicado en el que subrayó que la reunión entre Crespo y el congresista estadounidense no tiene ninguna incidencia en el procedimiento costarricense de levantamiento de inmunidad solicitado contra el presidente Chaves, bajo el artículo 270 del Código Electoral.
El órgano electoral calificó la convocatoria como “un acto político de representantes extranjeros”, sin impacto en el proceso interno que actualmente tramita la Asamblea Legislativa.
Además, recordó que la estabilidad democrática de Costa Rica descansa en la autonomía del TSE y en la protección de los derechos políticos garantizados por la institucionalidad electoral.
Poder Judicial rechaza acusaciones del Ejecutivo
El Poder Judicial costarricense también reaccionó, luego de que el presidente Chaves insinuara que el levantamiento de inmunidad constituiría un “golpe de Estado institucional”.
La institución calificó de falsas las afirmaciones sobre una supuesta instrumentalización del sistema judicial para perseguir políticamente al mandatario.
“Los procesos de levantamiento de inmunidad remitidos a la Asamblea Legislativa se realizan estrictamente conforme a la Constitución y a la legislación vigente”, señaló en un comunicado.
Expresidentes ticos defienden al TSE y llaman a la prudencia internacional
Ocho expresidentes de Costa Rica —desde Óscar Arias hasta Carlos Alvarado— firmaron un pronunciamiento conjunto en respaldo al TSE y al sistema electoral costarricense.
En el documento, instaron a la comunidad internacional a actuar con prudencia y evitar juicios basados en versiones parciales o informaciones “tendenciosas”.
Los exmandatarios destacaron:
- La independencia del TSE como garante del proceso electoral.
- La obligación constitucional del Poder Ejecutivo de mantenerse al margen de la campaña.
- La necesidad de respetar los procedimientos legales para el eventual levantamiento de inmunidad.
También recalcaron que Costa Rica mantiene la democracia ininterrumpida más antigua de América Latina y una de las pocas democracias plenas del mundo, según índices internacionales.
Los ocho expresidentes de Costa Rica que firmaron el pronunciamiento son:
- Óscar Arias Sánchez (1986–1990 y 2006–2010)
- Rafael Ángel Calderón Fournier (1990–1994)
- José María Figueres Olsen (1994–1998)
- Miguel Ángel Rodríguez Echeverría (1998–2002)
- Abel Pacheco de la Espriella (2002–2006)
- Laura Chinchilla Miranda (2010–2014)
- Luis Guillermo Solís Rivera (2014–2018)
- Carlos Alvarado Quesada (2018–2022)
Proceso de desafuero continúa en el Congreso
La Asamblea Legislativa de Costa Rica mantiene en trámite la solicitud del TSE para levantar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves, luego de 15 denuncias por presunta beligerancia política.
El procedimiento incluye garantías de defensa, análisis jurídico y una votación calificada.