San José, 20 de abril de 2026. A solo diez días de que se instale la nueva legislatura, la Asamblea Legislativa se ha convertido en un hervidero de negociaciones que se realizan en privado. El foco de la disputa no es solo quién ocupará la silla del Directorio el 1 de mayo, sino cómo se integrarán las comisiones de Hacendarios y Asuntos Jurídicos.
El oficialismo busca asegurar estas presidencias para pavimentar el camino a los primeros proyectos de la administración de la presidenta electa Laura Fernández, mientras la oposición intenta consolidar un bloque que garantice que el control del gasto público no quede en una sola mano.
Para el analista político Gustavo Araya, lo que estamos viendo es un «ajedrez de gobernabilidad» donde cada movimiento cuenta. Araya ha señalado que si la oposición no logra una representación equilibrada en Hacendarios, el país podría enfrentar un cuatrienio de presupuestos aprobados sin la debida fiscalización técnica.
Esta visión es reforzada por el politólogo Claudio Alpízar, quien advierte que la legitimidad de la nueva presidenta dependerá en gran medida de su capacidad para negociar con un Congreso fragmentado que, por primera vez en años, parece decidido a ejercer su rol de contrapeso con mayor vigor antes de que se apague la última luz del gobierno actual.
