El ciudadano nicaragüense Armando Morales Obando, de 63 años, fue extraditado desde Costa Rica a Estados Unidos para enfrentar cargos federales por su presunta participación en una red dedicada a la fabricación y venta de pasaportes estadounidenses falsos, además de un esquema paralelo de producción y distribución de moneda falsificada.
La extradición fue confirmada por la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, que acusa a Morales Obando de coordinar una operación de fraude migratorio que funcionó entre enero y junio de 2020 y que tenía como destino principal el sur de Florida.
Según la investigación, el acusado, quien residía en Costa Rica, organizó la venta de al menos cinco pasaportes estadounidenses falsificados, recibió pagos por aproximadamente 5.500 dólares y coordinó el envío de los documentos desde Nicaragua hacia el condado de Broward.
Las autoridades estadounidenses detallaron que los pasaportes contenían datos reales de ciudadanos estadounidenses, pero incorporaban fotografías de otras personas, un mecanismo utilizado para intentar burlar los controles migratorios mediante la suplantación de identidad.
Acusado de fabricar 20.000 dólares falsos
Además del fraude con documentos migratorios, la Fiscalía sostiene que Morales Obando participó en una conspiración para producir y distribuir 20.000 dólares en billetes falsificados.
De acuerdo con la acusación federal, el dinero falso fue posteriormente cambiado por 6.000 dólares en moneda auténtica, lo que amplió los delitos atribuidos al ciudadano nicaragüense.
Por estos hechos, Morales Obando enfrenta cargos de conspiración, fraude de pasaportes, robo de identidad agravado y falsificación de moneda estadounidense.
Si es declarado culpable, podría enfrentar una condena de hasta 20 años de prisión por los delitos relacionados con la fabricación de moneda falsa, hasta 10 años por cada cargo de fraude de pasaportes, hasta cinco años por cada cargo de conspiración y dos años adicionales obligatorios por cada cargo de robo de identidad agravado.
La Oficina del Fiscal de Estados Unidos indicó que el caso forma parte de los esfuerzos para combatir organizaciones criminales dedicadas al tráfico de documentos fraudulentos y delitos financieros que operan entre Centroamérica y Estados Unidos.