Ocho expresidentes de Costa Rica hicieron un llamado público a la ciudadanía y a la Asamblea Legislativa para defender el funcionamiento de la Sala Constitucional del país, luego de la negativa de nombrar a los magistrados suplentes del tribunal.
En un pronunciamiento divulgado este 16 de junio de 2026, los exmandatarios advirtieron que la falta de estos nombramientos no representa una simple disputa política, sino una situación que podría afectar la capacidad de la Sala para cumplir con su papel de proteger los derechos fundamentales de la población y garantizar que las autoridades actúen dentro del marco de la Constitución y la ley.
Los firmantes destacaron que miles de personas acuden cada año a la Sala Constitucional para reclamar la protección de derechos como el acceso a la salud, incluyendo tratamientos y procedimientos médicos indispensables, así como la educación, la protección del ambiente, el acceso a la información pública, la libertad de expresión y el debido proceso.
“Debilitar la Sala es debilitar la protección de todos. Defenderla es defender los derechos de cada costarricense y el futuro democrático de Costa Rica”, señala el documento.
Los exgobernantes recordaron que durante sus administraciones acataron resoluciones de la Sala, incluso cuando estas implicaban mayores exigencias para el Poder Ejecutivo, porque reconocían su papel como garante del Estado de Derecho.
En ese sentido, insistieron en que la defensa de la Sala IV no responde a intereses partidarios ni a la protección de personas específicas, sino a la preservación de una institución fundamental para la democracia costarricense.
El pronunciamiento está firmado por los expresidentes Óscar Arias Sánchez, Abel Pacheco de la Espriella, Rafael Ángel Calderón Fournier, José María Figueres Olsen, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, Luis Guillermo Solís Rivera y Carlos Alvarado Quesada, además de la expresidenta Laura Chinchilla Miranda.
Los exmandatarios concluyeron con un llamado a la Asamblea Legislativa para que tome las medidas necesarias que permitan el funcionamiento pleno de la Sala Constitucional y exhortaron a los ciudadanos a mantenerse vigilantes en la defensa de las instituciones democráticas del país.