La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, ordenó la destitución inmediata de siete jefes policiales que no aprobaron las pruebas de polígrafo aplicadas a funcionarios de confianza vinculados al área de seguridad, como parte de una estrategia para combatir la corrupción y prevenir filtraciones relacionadas con el crimen organizado.

La mandataria informó que los siete funcionarios formaban parte de la denominada Fuerza Élite y ocupaban cargos de dirección dentro de los cuerpos policiales.

Además de ser removidos de sus puestos, enfrentarán investigaciones preliminares para determinar si mantienen algún vínculo con estructuras criminales o actividades relacionadas con el narcotráfico.

“Hoy ordené al ministro de Seguridad que separe del grupo de Fuerza Élite y que cese los nombramientos de confianza que ocupaban como directores siete funcionarios que no pasaron la prueba del polígrafo. Siete de 33 funcionarios no pasaron esta prueba”, declaró Fernández.

Según explicó la presidenta, las evaluaciones fueron realizadas bajo la coordinación de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) con apoyo de la empresa IPSC, certificada internacionalmente para este tipo de procedimientos.

Fernández precisó que los exámenes incluyeron preguntas relacionadas con crimen organizado, narcotráfico y posibles beneficios ilícitos obtenidos durante el ejercicio de funciones públicas.

“Para tranquilidad de todos los costarricenses, los ministros y directores de la DIS y de la UEI aprobaron sin problema”, afirmó la mandataria.

La presidenta agregó que los funcionarios que reprobaron el examen fueron removidos de inmediato de sus cargos y que ordenó la apertura de investigaciones preliminares que serán conducidas desde su propio despacho.

La medida forma parte de una política anunciada por Fernández desde el inicio de su administración, el pasado 8 de mayo, cuando informó que todos los jerarcas de seguridad y directores policiales serían sometidos a pruebas de confianza.

La propia presidenta, así como los vicepresidentes Francisco Gamboa y Douglas Soto, también se realizaron el examen.

Hasta el momento, el Gobierno no ha revelado la identidad de los funcionarios separados ni ha precisado cuáles fueron los aspectos específicos en los que fallaron durante la prueba.