Liberales Nicaragua condenó la eliminación masiva de abogados y notarios del sistema de registro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), calificando la medida como una “muerte civil y laboral” que profundiza el desmantelamiento del Estado de derecho y la persecución contra quienes no son afines al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
A través de un comunicado divulgado este 9 de julio, la organización sostuvo que la decisión de impedir el ejercicio profesional de cientos o miles de abogados constituye un nuevo golpe contra las garantías fundamentales y la seguridad jurídica en Nicaragua.
“La privación de ejercer su profesión de abogados y notarios legalmente adquirida no solo afecta a quienes se les arrebata su derecho profesional, sino también a los ciudadanos que necesitan de los servicios de profesionales del derecho”, señala el pronunciamiento.
Liberales Nicaragua afirmó que la medida convierte el ejercicio de la abogacía en una profesión subordinada a los intereses políticos del sandinismo.
“Con esta medida, la dictadura sandinista refuerza su mensaje de intimidación, convirtiendo la profesión del derecho en una ciencia supeditada a las consignas y antojadizos designios políticos de la dinastía Ortega Murillo”, expresó la organización.
El grupo político sostuvo que la cancelación del derecho al ejercicio profesional representa, en la práctica, una forma de “muerte civil”, al excluir a los abogados de una actividad esencial para su sustento económico y su participación en la vida pública.
“La cancelación de los derechos profesionales de los abogados constituye, en la práctica, una forma de muerte civil y laboral. Al privar a una persona de ejercer la profesión para la cual se formó y obtuvo acreditación legal, se le excluye de una parte esencial de su vida económica y social”, advirtió.
Asimismo, denunció que esta acción consolida la destrucción de la seguridad jurídica y elimina uno de los pocos espacios de defensa ciudadana que aún permanecían en el país.
“La profesión de abogado cumple una función indispensable en toda sociedad democrática, al servir de puente entre los ciudadanos y la justicia, estos dos preceptos —democracia y justicia— ya abolidos por el sandinismo”, agregó el comunicado.
Liberales Nicaragua calificó la decisión como una muestra de “barbarie institucional”, al considerar que restringir el ejercicio de la abogacía por razones políticas vulnera principios universales de justicia y derechos humanos.
Finalmente, la organización hizo un llamado a la comunidad jurídica nacional, a organismos internacionales, instituciones defensoras de derechos humanos y actores comprometidos con la democracia para condenar la medida y denunciar lo que consideran una nueva violación de derechos fundamentales cometida por el régimen de Ortega y Murillo.