Los planes de comer un arroz aguado en casa de su madre quedaron truncados por la noticia. Ese día, Girasol* regresaría a su país, Nicaragua, después de un viaje de trabajo a Estados Unidos, pero no pudo volver más a su casa, ni a ver a sus perros, ni a deleitarse con el típico caldo de arroz con pollo de su mamá.
Esa mañana una agente de la aerolínea con la cual volaría hacia Managua le comunicó que las autoridades habían prohibido su ingreso a territorio nicaragüense. Inmediatamente supo que había sido desterrada.
No era la primera nicaragüense a la que le ocurría, la comunicadora de 36 años temía que le pasara a ella también, pues en viajes anteriores al extranjero los agentes migratorios nicaragüenses la cuestionaban por largo tiempo cada que regresaba a su país por su perfil profesional y su relación con organizaciones de sociedad civil.
Ya para entonces el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo había cerrado cerca de 3.000 oenegés, y había despojado de su nacionalidad a más de 300 ciudadanos entre ellos periodistas, líderes opositores, defensores, empresarios, escritores, todos críticos de la dictadura.
La privación de la nacionalidad se suma al conjunto de las denunciadas violaciones de Derechos Humanos cometidas por el régimen en Nicaragua y señaladas por diversos organismos locales e internacionales como crímenes de lesa humanidad.
Así lo ha dicho el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas (GHREN), que ha identificado cuatro fases de represión estatal desde abril de 2018 –cuando estallaron masivas manifestaciones ciudadanas que demandaban la salida del poder de Ortega y Murillo.
La última fase, de 2023 a la fecha, se caracteriza por “medidas encaminadas a eliminar toda crítica y cimentar el control absoluto del poder Ejecutivo sobre todos los poderes del Estado y la población”, dice el más reciente informe del GHREN publicado el 3 de abril de 2025 en Ginebra, Suiza, y que también detalla cómo el régimen nicaragüense ha ocasionado la apatridia de facto de al menos 259 personas a quienes se les ha prohibido su ingreso desde 2021 hasta marzo de 2025.
Este abril se cumplen dos años del destierro de facto de Girasol*, quien pide que protejamos su identidad por temor a represalias contra su familia en Nicaragua, pero esa expulsión forzosa de su país todavía le duele.
Desde entonces casos como el suyo se han incrementado, particularmente a partir de inicios de 2025, cuando se conoció que a populares creadores de contenido y a empresarios se les impidió volver a Nicaragua, donde residían.
Los medios locales han dado cuenta en las últimas semanas del aumento de casos y cómo ahora las víctimas incluyen a ciudadanos “comunes y corrientes”, sin vínculos políticos y ya no solo a opositores, periodistas, defensores y sus familias.
El medio ‘Divergentes’ habló a inicios de marzo con funcionarios de la Dirección General de Migración y Extranjería de Nicaragua, quienes confirmaron que se ha intensificado la medida de vetar a ciudadanos de su propio país.
“Basta con buscar en Internet información del pasajero, sobre todo en redes sociales, y si tiene alguna publicación contraria al Gobierno, se le niega automáticamente el ingreso”, dijo la fuente a ese medio que opera desde el exilio en Costa Rica.
Los funcionarios revisan con mayor ahínco las listas de quienes ingresan al país diariamente y son muchos más los “filtrados” cuya entrada queda prohibida.
Un reporte sobre la represión migratoria en Nicaragua del Monitoreo Azul y Blanco registra al menos 349 casos relacionados con la represión migratoria, sobre todo destierro o prohibición de entrada a nacionales, con un pico de casos en enero de 2025.
Claudia Pineda, vocera del Monitoreo, comenta que esa cifra es alta, pero que el subregistro también debe serlo, pues hay mucho miedo de denunciar por parte de las víctimas, a pesar de sufrir una violación tan grave.
No lo hacen, comenta Pineda, porque temen que las autoridades afecten a la familia que sigue dentro de Nicaragua o que les confisquen sus bienes.
“El último acto represivo no es el destierro. Todavía pueden hacerte más daño. Por otro lado, hay quienes tienen expectativas de que en algún momento les dejen entrar de nuevo a su país”, comentó.
Yader Valdivia, defensor del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más basado en Costa Rica, concuerda en que hay un incremento preocupante de este tipo de casos.
El Colectivo recibió nueve denuncias de prohibición de ingreso ciudadanos nicaragüenses a su país desde principios de 2025, pero conoce de muchos otros que no presentan su testimonio ante este tipo de organismos.
Pineda observa que el incremento a inicios de 2025 coincide con la aprobación de la reforma total a la Constitución Política de Nicaragua que estableció la “copresidencia” ejercido por Ortega y su esposa Rosario Murillo. La nueva Constitución, además, incluye la privación de ciudadanía a “traidores a la patria”.
En Nicaragua “la gente se siente presa y frustrada”
Los reportes de destierros de facto generalizados causan temor entre la población.
“He hablado con personas ligadas a agencias de viajes y han dejado de vender, incluso sus clientes les han cancelado reservas ya pagadas. La gente se siente presa y frustrada. Hay quienes tenían un boleto comprado para visitar familiares en Estados Unidos y prefirieron perder el pasaje antes que perder su vida en Nicaragua”, describe el periodista Wilfredo Miranda de Divergentes.
Actualmente son 451 ciudadanos nicaragüenses los desnacionalizados de manera oficial, es decir, a través de comunicados emitidos por el régimen de ese país: 222 exreos políticos expulsados a Estados Unidos en febrero de 2023, 94 personas desnacionalizadas pocos días después y otros 135 exprisioneros enviados a Guatemala en septiembre de 2024.
La modalidad de formalizar el destierro o desnacionalización cambió porque, según Miranda, el costo político de tal práctica resultó muy alto, pues la reacción de la comunidad internacional fue de repudio hacia el régimen nicaragüense y de solidaridad para con los desterrados.
Varios países, incluso, ofrecieron la nacionalidad a los afectados. Por ello, ahora, esta privación de la nacionalidad se aplica de forma “implícita”, describe Claudia Pineda, acarreando mayores dificultades para las víctimas que carecen de evidencia para solicitar protección internacional ante otros Estados.
A ella también le fue prohibido el ingreso a Nicaragua en junio de 2023 y la única prueba que tiene es un escueto correo electrónico de la compañía de viajes terrestres que le vendió el boleto.
Las repercusiones en las vidas de quienes sufren esta apatridia de facto van desde perder sus medios de vida, separación forzosa de sus familias y el exilio forzado en un nuevo país, hasta afectaciones de salud física y emocional.
Girasol*, por ejemplo, describe cómo se sintió al recibir la noticia: “Saliendo del aeropuerto no podía moverme, mi cuerpo temblaba, quería vomitar, tenía un ataque de ansiedad horrible, una presión en el pecho”.
Cayó en una depresión profunda por varias semanas, a pesar de que contó con apoyo psicológico y pudo tomar una pausa laboral.
Hoy se siente mejor, pidió asilo, sigue trabajando con la misma organización de forma remota y también limpia una casa para tener suficientes ingresos. Admite que hay días duros en que no quiere salir de la cama y solo quisiera ver a su madre y a sus sobrinas.
Dos personas cercanas a ella también fueron desterradas de facto en 2025. Todas sienten tristeza, desesperanza, un sentimiento de pérdida. Para quienes viven en Estados Unidos la incertidumbre es doble, dice, por las fuertes medidas antimigratorias del actual Gobierno de Donald Trump.
“No nos dejan entrar a nuestro país y no nos quieren aquí”, comenta.
Grupo de Expertos ONU detalla modus operandi de prohibiciones de ingreso a Nicaragua
El Grupo de Expertos de la ONU detalla en su reciente informe que lo que antecede a la expulsión es una coordinación entre el Ejército, la Policía, el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, el Ministerio del Interior y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos para identificar “personas sujetas a expulsión”.
Las autoridades elaboran listas de “personas consideradas golpistas”, dice el informe, cuyos autores tuvieron acceso a dos de estos listados. También aseguran que Murillo tiene incidencia directa en estas decisiones.
Sobre el perfil de las víctimas de esta práctica, el GHREN amplía que “comparten un rasgo en común: son consideradas opositoras, ya sea de manera real o percibida”.
El informe relata que, después de la negativa de ingreso, algunas personas han llamado a la Dirección General de Migración y Extranjería de Nicaragua y a los consulados nicaragüenses exponiendo su caso sin recibir ninguna respuesta.
Simpatizantes del Frente Sandinista y funcionarios del régimen no se salvan de estas prácticas. ‘Divergentes’ reportó el impedimento de entrada a Nicaragua de una hija de un asesor presidencial; mientras que, Pineda, del Monitoreo Azul y Blanco, añade que, en el caso de este grupo, el impedimento es, sobre todo, para salir del país con libertad, pues deben contar con autorización estatal para viajar al exterior.
“Ese sentimiento de cárcel es algo que comparten todos los extractos sociales, incluidos los propios sandinistas”, apunta Miranda.
Pineda usa la misma palabra: “Nicaragua es como una gran cárcel. Tenés la suerte de entrar o salir, pero no el derecho de entrar y salir”.
Denegación de pasaportes, otra forma de privar de la nacionalidad
El informe del GHREN también da cuenta de la denegación de pasaportes a ciudadanos dentro y fuera de Nicaragua y también los considera casos de apatridia de facto.
El medio France 24 habló con dos nicaragüenses a quienes las autoridades no les entregaron este documento básico de identidad.
El primer caso es el del periodista Néstor Arce, también del medio ‘Divergentes’, a quien le dieron largas cuando tramitó la renovación de su libreta de viaje dentro de Nicaragua.
Debió exiliarse luego de que un contacto de Migración le advirtiera que no le entregarían su pasaporte por ser un “PIN (persona de interés nacional)” dentro de un listado y le aconsejó que mejor saliera de Nicaragua sin ser detectado por las autoridades por su seguridad.
En Costa Rica, donde se refugió, se enteró de que su actual pasaporte había sido reportado como robado por Migración de Nicaragua.
El segundo caso es el de una familiar de una exprisionera política. Intentó renovar su pasaporte en un consulado nicaragüense en Estados Unidos y, a pesar de que cuenta con el recibo del trámite, nunca lo recibió. Pidió explicaciones durante más de un año y solo recibió excusas de los funcionarios, como que el pasaporte no llegó desde Nicaragua o que el anterior había sido reportado como extraviado y por lo tanto debía hacer el trámite nuevamente.
Los destierros de facto siguen ocurriendo, dice Miranda. Justo la semana pasada supo de otro ciudadano más, vetado de entrar a Nicaragua tras unas vacaciones en el extranjero.
“Aprendes a vivir con el sentimiento de melancolía, de extrañar a las personas, pero el destierro no se supera”, comenta Girasol*, con los ojos humedecidos por sus lágrimas. “Hay días en que te levantas y decís: ‘¡Cómo quisiera estar en mi casa!’”.
*France 24