Parte III: Cooperación criminal
Vlada Krasova Torres | 27 junio 2025
El asesinato en Moravia del exmilitar nicaragüense Roberto Samcam, ejecutado por un sicario que encubría su identidad como repartidor, revela una lógica más compleja que mera represión transnacional. Para eliminar sin que se desbordara un conflicto territorial evidente, la célula criminal debió contar con soporte local sólido, ya sea mediante recursos económicos, acuerdos políticos o complicidades tácitas. Esa fortaleza de implantación territorial explica cómo lograron actuar con eficacia y discreción en Costa Rica.
El sociólogo costarricense Rodolfo Calderón Umaña explica en Delito y cambio social en Costa Rica (FLACSO, 2012) que el crimen organizado encuentra su estabilidad en «nichos de exclusión», espacios donde puede nacer una coalición funcional entre redes locales y delitos importados. Esa idea ayuda a comprender cómo una célula foránea puede operar sin obstáculos aparentes. Julio Solís Moreira apunta en Adaptaciones de la política criminal en la seguridad ciudadana (FLACSO, 2025) que las estructuras locales pueden ser cooptadas políticamente con incentivos económicos, lo cual permite que redes criminales adquieran protección y legitimidad funcional.
Además, el criminólogo costarricense Carlos Ramírez Kalua propone en Estrategias del crimen organizado urbano (FLACSO, 2018) que las alianzas entre grupos violentos extranjeros y actores delictivos locales generan una sinergia peligrosa y eficiente. Si se verifica que los sicarios que atacaron a Samcam contaron con apoyo logístico local, estaríamos ante ese tipo de sinergia.
Desde una óptica latinoamericana Marlies Glasius documenta en Extraterritorial Authoritarian Practices (2018) cómo los regímenes autoritarios exportan represión mediante redes locales afines; lo que en Costa Rica podría estar replicándose con su cocina criminal encubierta. No se trata de guerra paramilitar ni de invasión abierta; lo que opera aquí es un sistema híbrido que combina diplomacia encubierta, sicariato y alianzas locales funcionales.
Para que estos atentados ocurrieran sin causar una reacción colectiva, la estructura criminal requirió de nodos locales consolidados: desde redes de narcotráfico menor hasta autoridades locales complacientes o formales. Esa integración territorial permite explicar la capacidad operativa del sicariato de Ortega-Murillo.
El derecho internacional, a su vez, plantea un cuestionamiento severo. Si el sicariato se extiende desde una embajada que no cumple funciones reales, se incurre en violaciones a la Convención de Viena de 1961 y a la Convención de Palermo de 2000 sobre delito organizado transnacional. La ONU ha emitido múltiples recomendaciones sobre protección de refugiados y combate al crimen transnacional; Costa Rica como Estado parte está obligado a emprender investigación penal, activar cooperación internacional y neutralizar redes que vulneran su soberanía.
La respuesta estatal no puede limitarse a frases diplomáticas. La tarea implica controles serios a las misiones diplomáticas, protocolos de protección activa para liderazgos en riesgo e investigación rigurosa de la supuesta complicidad local. Solo así se podrá desarmar un sistema que permite el silencio en la encrucijada entre crimen común y represión política.
El sicariato de Ortega-Murillo no actúa al tanteo; pacta, se implanta y actúa con determinación. Esa articulación no es casual, es intencional. Y solo enfrentándolo con convicción política e instrumentos internacionales será posible proteger la democracia y la vida de quienes exigen refugio y seguridad.
Aquí puedes ver la Parte II: Análisis criminal básico
Aquí puedes ver la Parte I: Las capas del espionaje
*MSc. Vlada Krasova Torres | Profesional en Relaciones Internacionales, con estudios superiores en gestión del conocimiento, políticas públicas, gobernabilidad democrática y derechos humanos.