*Por Ezequiel Molina
El millonario monto en remesas que Nicaragua recibe del exterior, es producto del sacrificio de una formidable fuerza laboral que por distintas razones ha tomado el camino de la emigración, que para Nicaragua es un fenómeno de vieja data, bajo condicionalidades de distinto signo, y que recientemente ha alcanzado ribetes dramáticos: más de 53 mil nicaragüenses han sido detenidos en la frontera con Estados Unidos entre enero y abril del presente año; a ello se suman más de 32 mil solicitudes de refugio en Costa Rica, entre enero y mayo de 2022; y el pronóstico es de cifras al alza.
Desempleo estructural e ingresos precarios en el plano económico, conflictos bélicos devenidos en guerras civiles, catástrofes naturales, magnificadas por las incompetentes administraciones públicas de turno, y la reciente crisis sociopolítica inaugurada en 2018, carente de fecha de caducidad, son los factores más visibles que en las últimas cuatro décadas, han propiciado que al menos, un 12% de la población total del país haya tomado la decisión de largarse, en búsqueda de paz y prosperidad.
La emigración, entendida como la decisión de residir en un país diferente al de nacimiento, implica, en general, una intencionalidad manifiesta para mejorar las condiciones económicas y la calidad de vida; estos objetivos parecen cumplirse, desde una perspectiva cortoplacista, pero en el medio y largo plazo, la probabilidad de éxito de la movilidad geográfica, se ve vulnerada significativamente; el expatriado se convierte en el principal pivote de apoyo, para que su familia en Nicaragua, aquejada por el desempleo abierto, el subempleo y una creciente ampliación del sector informal, logre garantizar un ingreso adecuado que permita, al menos, una ingesta adecuada de alimentos, pero que raramente se convierte en factor para que la familia receptora canalice esos ingresos hacia actividades económicas multiplicadoras del ingreso; en cuanto a la calidad de vida, ésta se convierte en una misión inalcanzable, dada la ruptura de la unidad familiar, y en general de la cohesión social, condición sine qua non para una adecuada condición de vida que armonice la cultura, el marco jurídico, el desempeño económico y en general, la convivencia en un espacio geográfico y un marco temporal común, del colectivo ciudadano.
La Seguridad Social juega un papel esencial como garante de que todo ciudadano, después de haber laborado y aportado a su cuenta personal del Seguro Social, pueda contar con una pensión monetaria y otros beneficios, que le permitan vivir la última etapa de su vida, tal vez no en condiciones óptimas, pero al menos no llegar a convertirse en una carga total para su familia y el entorno social que le rodea. Para entender algunos aspectos sobre ésta temática, conversamos con el licenciado Manuel Israel Ruiz Arias, experto en temas de Seguridad Social, quien además de proporcionarnos información calificada, enfatiza sobre el carácter humanista que encierra una adecuada promoción y los beneficios ulteriores de una Seguridad Social centrada en la persona, vista como el agente económico que merece una conclusión de vida digna.
Ruiz Arias destaca que mientras las pensiones a jubilados crecen geométricamente, el número de afiliados se reduce; entre 2018 y 2020, el INSS desafilió de su cartera entre 250 y 300 mil cotizantes, en ese mismo período, cerraron operaciones entre 15 y 18 mil empresas, fenómeno acrecentado por efectos del COVID-19. Afirma Ruiz Arias, que si bien es cierto la Seguridad Social atraviesa, a nivel mundial una crisis generalizada afectada por el desempleo y otros fenómenos que impactan la economía negativamente, la diáspora nicaragüense debiera obligarse a destinar un porcentaje de las remesas enviadas para continuar el aporte de cotizaciones, o el inicio de las mismas; cita como referente que con sólo 250 semanas cotizadas, se tendrá acceso a una pensión reducida, siendo lo ideal alcanzar las 750 semanas para obtener una pensión completa, que cubra al pensionado por invalidez, vejez o muerte, así como pensión de viudez a la pareja que le sobreviva y otros beneficios, como reducción de tarifas de servicios, del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), atención médica, así como medicamentos necesarios para responder a enfermedades crónicas y otras eventualidades médicas comunes en personas de la tercera edad.
Indica Ruiz Arias que el INSS desembolsa unos 40 millones de dólares mensuales en pago de pensiones, acumulando al final de año la suma de 520 millones de dólares debido al pago de aguinaldo o treceavo mes a los 300 mil pensionados a nivel nacional. El especialista hace un enfático llamado a la diáspora nicaragüense para que se inscriban en el Sistema de Seguridad Social, garantizándose así unas condiciones básicas de ingresos así como de atención médica y medicinas, que seguramente necesitarán una vez regresen al país en rangos de edad en que las enfermedades crónicas y otros padecimientos son comunes.
Finaliza el licenciado Ruiz Arias, señalando que el gobierno debiera firmar el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, «instrumento internacional a nivel iberoamericano que protege los derechos de millones de trabajadores migrantes, en el ámbito de prestaciones económicas, mediante la coordinación de legislaciones nacionales en materia de pensiones, como garantía de la seguridad económica en la vejez, la incapacidad o muerte, protegidos bajo los esquemas de Seguridad Social de los diferentes Estados Iberoamericanos».
Junio 25, 2022.