La dictadura de Daniel Ortega entregó el martes una nota a la ONU, por el “histórico 40 aniversario” de la presentación de una demanda en la Corte Internacional de Justicia de La Haya contra Estados Unidos, para reclamar el pago de una indemnización que fue abandonada por Nicaragua oficialmente en 1991.
La nota firmada por el canciller orteguista Denis Moncada, fue entregada a Earle Courtenay Rattray, jefe de Gabinete del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, por el embajador orteguista Jaime Hermida.
El recordatorio de la demanda en la máxima corte de la ONU en 1984 contra Estados Unidos coincidió con los alegatos en la Corte de La Haya por una demanda de Nicaragua contra Alemania para que deje de suministrar armas a Israel y evite la complicidad con lo que calificó de “genocidio” de palestinos en Gaza.
“Hermida recordó la importancia del caso de Nicaragua ante la Corte Internacional (CIJ) de Justicia para el Derecho Internacional al tratarse de un fallo memorable que, además, le otorgó mayor credibilidad a la CIJ”, dice un comunicado de la dictadura.
“Asimismo, reiteró que Nicaragua no cesará en su demanda a Estados Unidos a que cumpla con esta sentencia emitida por la Corte”, agrega.
En junio del año pasado, la dictadura había entregado otra carta a Guterres, en la que subrayaba que Estados Unidos tenía “una deuda histórica” con Nicaragua por no haber pagado la indemnización ordenada por La Haya, que para 1988 superaba los 12.000 millones de dólares.
Rosario Murillo, dijo este martes que la nota a la ONU “reitera que sigue pendiente el cumplimiento de la histórica sentencia de la Corte Internacional de Justicia, condenando a Estados Unidos y sobre todo reclamando la indemnización que la misma fijó”.
El 27 de junio de 1986 la CIJ condenó a Washington por los ataques con explosivos contra puertos y otras instalaciones de Nicaragua, realizados en plena guerra civil y financiados por Estados Unidos, por lo que el país norteamericano fue condenado a pagar una millonaria indemnización.
Sin embargo, esta fue abandonada por Nicaragua oficialmente en 1991 por el gobierno de Violeta Barrios y desde entonces únicamente ha sido reclamada por Ortega.