La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo acusó este martes al gobierno de Panamá de violar las convenciones sobre asilo al “no reconocer” el concedido al expresidente Ricardo Martinelli (2009 – 2024), asilado en la embajada nicaragüense en la capital panameña, y negarle el respectivo salvoconducto para viajar.
“No reconocer el asilo y negar el salvoconducto constituye una violación a las Convenciones sobre Asilo, en particular al artículo 2, disposición tercera, de la Convención sobre Asilo de 1928”, señaló la dictadura en una nota enviada a la Cancillería de Panamá.
El régimen orteguista argumentó que la Convención sobre Asilo de 1928 “establece claramente que el Gobierno del Estado que otorga el asilo podrá exigir que el asilado sea puesto fuera del territorio nacional dentro del más breve plazo posible” y sostuvo que esa obligación en estricto apego a la Convención que rige está “sin cumplirse de parte de la República de Panamá”.
La dictadura envió esa misiva en respuesta a otra “nota de protesta” de la Cancillería panameña, fechada el 14 de marzo y dada a conocer el pasado lunes, por la “actitud permisiva” del dictador de Daniel Ortega en la embajada nicaragüense en la capital panameña, donde Martinelli estaría buscando incidir en la política.
La dictadura señala a Panamá que “el asilo político debe ser respetado como un derecho humanitario, de acuerdo con las convenciones que lo regulan” y reiteró que el asilo a Martinelli ha sido concedido por considerarse “perseguido por razones políticas y encontrarse en riesgo inminente su vida, integridad física y seguridad”.
Según la dictadura Ortega-Murillo respeta el derecho internacional y el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros Estados: “El otorgamiento del asilo al señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal es un asunto meramente humanitario y es consecuente con el derecho internacional en esta materia”, afirmó.
El expresidente Martinelli está asilado en la embajada de Nicaragua en Panamá desde el pasado 7 febrero tras la condena a más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales, en el caso New Business, que quedó en firme una semana antes. Panamá le negó el salvoconducto para viajar a suelo nicaragüense.
*Con EFE