El Monitoreo Azul y Blanco (MAB) informó este martes que durante los últimos seis años de crisis sociopolítica en Nicaragua, ha registrado un total de 11,350 incidentes relacionados con violaciones a derechos humanos, con 15,641 víctimas contabilizadas.
“De las 11,350 violaciones a DDHH registradas en seis años, el MAB ha contabilizado a 15,641 víctimas individuales. Este número incluye repetidas agresiones hacia una misma persona. Sin embargo, el dato permite dar cuenta de lo sistemático que ha sido el uso de la violencia estatal contra todos los sectores de la población y la intensidad en contra de ciertos grupos en específico”, señaló el informe.
Entre las víctimas hay personas autoconvocadas, excarceladas políticas y sus familiares, presos políticos, activistas de derechos humanos, comunicadores, docentes, médicos, sacerdotes, feligreses, trabajadores públicos, campesinos, miembros de comunidades indígenas, manifestantes, estudiantes, empresarios, entre otros.
El MAB señala que las violaciones a derechos humanos perpetradas por el régimen de Daniel Ortega durante estos seis años “ha sido sistemática en todo el territorio nacional, registrándose incidentes en los 15 departamentos y en las dos regiones autónomas del Caribe”.
Managua es la ciudad con mayor número de incidentes, seguido de la zona Norte – Segovias.
CAMBIOS EN PATRONES REPRESIVOS
El Monitoreo Azul y Blanco (MAB) constató que durante estos seis años el régimen de Ortega ha adaptado la forma en que ejerce su política represiva y de terror. Es decir, “la violencia estatal ha sido utilizada de forma sistemática y sostenida en el tiempo”, pero “no ha sido ejercida de la misma forma durante estos años”.
Estos cambios en los patrones responden, entre otros factores, a dos elementos: en primer lugar al contexto específico relacionado con fechas emblemáticas y/o conmemorativas y en segundo lugar al ejercicio de la violencia de estado en contra de víctimas o grupos de víctimas en específico.
“Los patrones represivos han evolucionado con el tiempo, abarcando desde ejecuciones extrajudiciales, detenciones masivas, hostigamientos y amenazas, hasta la represión migratoria y el cierre de organizaciones e instituciones de la sociedad civil”, precisa el informe.
En lo que respecta a los primeros cuatro meses del presente año 2024, la tendencia del año anterior se mantiene en cuanto al uso de la represión migratoria y el cierre de espacios de sociedad civil.
“No obstante, resulta alarmante el rápido aumento de la cifra de personas presas políticas que pasó de 35 personas en febrero de 2023 luego de la excarcelación masiva, a 121 en abril 2024 según datos del Mecanismo Para El Reconocimiento de Personas Presas Políticas”, añadió.