Un juez federal decidió aplazar hasta el 24 de agosto el inicio del juicio contra el parole humanitario puesto en vigor por la administración de presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para estimular la migración legal de nacionales de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela.
La nueva fecha del proceso judicial, agendada primero para abril y luego para el 13 de junio, proporciona más tiempo para que familias y patrocinadores en EEUU puedan presentar solicitudes de parole a sus allegados y un alivio de al menos unos meses a quienes esperan respuesta de sus casos.
La demanda contra el beneficio migratorio fue impuesta el 24 de enero por los gobiernos de 20 estados contra la administración Biden ante el Tribunal Federal de Texas, al que piden detenga el programa bajo los argumentos de que el presidente Biden no está facultado por la ley para crear un programa de visados que debería tener la anuencia del Congreso.
Los estados de la Florida y Texas, ambos republicanos y con una gran población migrante, encabezan la acción judicial, en la que acusan al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a su titular, el cubanoamericano Alejandro Mayorkas, entre otros, de violar la ley federal de inmigración y de una extralimitación del Poder Ejecutivo.
La demanda indica que “los estados demandantes (…) enfrentan daños sustanciales e irreparables por el abuso del Departamento de su autoridad de libertad condicional, lo que permite potencialmente que cientos de miles de extranjeros adicionales ingresen a cada uno de sus territorios ya abrumados”.
La denuncia estaba liderada por el ahora exfiscal general de Texas, Ken Paxton, que acaba de ser destituido temporalmente de su cargo bajo acusaciones de conducta criminal y lapsos éticos.
El juez del distrito de Victoria, Texas, Drew B. Tipton, fue quien decidió aplazar hasta agosto la fecha del juicio. Tipton ya había denegado la moción hecha el 14 de febrero por los estados demandantes para que se suspendiera temporalmente el programa mientras continúa el proceso.
La administración de Joe Biden puso en marcha la medida como una solución a la crisis migratoria en la frontera sur estadounidense, y esta fue implementada en octubre, primero para venezolanos y luego ampliada en enero a las otras tres nacionalidades, que en su conjunto contabilizan la mayoría de las entradas irregulares al país.
El programa está diseñado para disuadir los cruces fronterizos ilegales y en su lugar ofrecer al mes unos 30.000 permisos de residencia y trabajo temporal por dos años.
El intento de ingresar al territorio de EEUU de forma irregular descalifica al aspirante, que tampoco podrá ingresar sin autorización a México o Panamá. Autoridades migratorias han atribuido al programa el descenso en arribos ilegales a la frontera sur.
En abril pasado, 28.738 venezolanos, haitianos, nicaragüenses y cubanos entraron a territorio estadounidense a través del parole humanitario, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
*VOA