El gobierno de Joe Biden está considerando expulsar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica —o asignar su valiosa cuota de azúcar a otro país de América Central— debido a las represalias del régimen de Daniel Ortega en contra de sus opositores, según reporta la agencia AP, citando un comunicado oficial.
El impacto económico de la acción aún está bajo análisis y no se ha tomado una decisión, según un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato para discutir conversaciones internas.
Pero cualquier acción que afecte a miles de millones en el comercio anual con Estados Unidos podría infligir un grave daño económico a la élite empresarial de Nicaragua, que en su mayoría se ha mantenido en silencio mientras crecían las tácticas represivas de Ortega, dijo el funcionario.
“El sector privado nicaragüense tiene que tomar una decisión”, dijo Eddy Acevedo, hijo de inmigrantes nicaragüenses y jefe de personal del Centro Woodrow Wilson en Washington. “O continúan ayudando e instigando a este régimen tiránico con las manos manchadas de sangre o se unen al pueblo de Nicaragua que anhela la libertad y la democracia”.
Tal patriotismo económico puede ser difícil de encontrar con varios líderes empresariales que ya se encuentran entre los encarcelados.
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En Nicaragua, el régimen ha estado celebrando juicios políticos diarios contra opositores y activistas detenidos antes de la farsa electoral de noviembre pasado.
La respuesta de la administración de Biden a la inclinación autoritaria de Ortega ha consistido hasta ahora en apuntar a personas en el círculo íntimo del dictador y miembros de su familia con sanciones que cortan su acceso a Estados Unidos.
La expulsión del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, que se firmó en 2004, sería un gran golpe, ya que privaría al régimen de Ortega de importantes ingresos por exportaciones e inversión extranjera. Nicaragua es la única nación en CAFTA que tiene un superávit comercial con los EE. UU., alrededor de $ 2.5 mil millones el año pasado, o el 20% de su producto interno bruto. El más afectado podría ser el sector textil, que produce bienes para muchos minoristas estadounidenses.
Pero sacar a Nicaragua del pacto comercial no es tarea fácil.
CAFTA es un tratado internacional ratificado por siete naciones. No tiene un mecanismo de expulsión, por lo que cualquier intento de acorralar a Ortega requeriría que los vecinos de Nicaragua más la República Dominicana, también signataria, se retiren del acuerdo y negocien un nuevo acuerdo en el que se resuelvan otros agravios, desde los subsidios agrícolas de EE. UU. hasta el impacto en EE. UU. negocios, podría volver a estar sobre la mesa.
Además, los acuerdos de libre comercio negociados por Estados Unidos generalmente no incluyen las llamadas cláusulas democráticas como la que Argentina y Brasil usaron en 2012 para suspender a Paraguay del pacto comercial Mercosur después de la acusación apresurada del entonces presidente Fernando Lugo.
“Seguramente sería complicado”, dijo Eric Farnsworth, ex negociador comercial de EE. UU. en la Casa Blanca de Clinton y ahora vicepresidente del Consejo de las Américas, que está financiado por empresas estadounidenses que hacen negocios en América Latina. “Pero enviaría el mensaje correcto al sector privado para que se mantenga alejado de Nicaragua”.
Una alternativa menos complicada, dice Farnsworth, sería que EE. UU. se negara a importar ciertos productos con el argumento de que Nicaragua está bajo sanciones. Tal movimiento desafiaría efectivamente a Ortega a demandar bajo los términos del tratado, iniciando un proceso largo y costoso.
EL AZÚCAR Y CARLOS PELLAS
La otra opción bajo consideración, es reasignar la cuota anual de azúcar de Nicaragua a otro país de América Central, eliminaría lo que es esencialmente un subsidio estadounidense por valor de millones de dólares cada año.
Farnsworth dijo que golpear una industria tan intensiva en mano de obra como el azúcar podría generar resentimiento contra Ortega en el campo de Nicaragua, lugar de la sangrienta guerra civil en la década de 1980 entre el ejército sandinista de Ortega y los rebeldes de la Contra respaldados por Estados Unidos.
Elegir el azúcar podría ser una forma de movilizar a Carlos Pellas, el hombre más rico de Nicaragua y dueño de la mayor productora de azúcar. Pellas fue signatario de una carta abierta de líderes empresariales después de las protestas antigubernamentales en 2018, pidiendo a Ortega que adelantara las elecciones. Advirtió que el modelo económico del país estaba en bancarrota. Pero ha permanecido al margen, al menos públicamente, desde que Ortega realmente comenzó a tomar medidas enérgicas.
Su familia, sin embargo, tenía propiedades importantes que fueron objeto de expropiación bajo Ortega en la década de 1980 y podrían tener cuidado de sufrir una repetición.
Ortega ya envió un mensaje claro a las élites económicas que podrían oponerse a él. En junio, la Policía arrestó a dos destacados líderes empresariales y en octubre al presidente y vicepresidente de la principal asociación empresarial del país, acusándolos de delitos que incluyen lavado de dinero, actos que menoscaban la independencia del país e incitación a la injerencia extranjera.
Los cargos fueron similares a los aplicados a sus opositores políticos.
Justo antes de las elecciones de noviembre, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley Renacer, dando más herramientas para presionar a Ortega. Entre las disposiciones de la ley había un mandato que requería que la Casa Blanca revisara la participación de Nicaragua en el CAFTA. También pidió un informe sobre los lazos de seguridad de Rusia con Nicaragua, que debe presentarse a finales de este mes.
Manuel Orozco, experto en Nicaragua del Diálogo Interamericano, dijo que el régimen de Ortega ya está violando varios componentes del acuerdo comercial, especialmente las disposiciones laborales.
Pero advirtió que disolver el CAFTA podría ser contraproducente e incluso beneficiar a Ortega, quien podría intentar volver a imponer aranceles a los productos estadounidenses importados y culpar a Biden por el costo adicional para los consumidores.
“Es una espada de doble filo”, dijo Orozco. “Si intenta desmantelar el CAFTA, podría significar más ingresos para el gobierno de Nicaragua”.
*Con AP