Un día después que funcionarios estadounidenses se reunieran de forma virtual con organizaciones opositoras nicaragüenses, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una declaratoria sobre Nicaragua, en la que reconoció que en el país “no podrá haber elecciones verdaderamente libres y justas en un clima represivo, con más de 80 presos políticos detenidos de manera arbitraria”.
“Hace dos años, el pueblo de Nicaragua se alzó de manera pacífica para reclamar cambios. Lamentablemente, sus reclamos de libertad y transparencia fueron recibidos con balas. Ortega y su esposa, la vicepresidenta Murillo, deben asegurar una transición democrática y una Nicaragua saludable, próspera y libre”, dijo Mike Pompeo, secretario de Estado.
En la reunión que el martes la Alianza Cívica, la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y el Movimiento Campesino con el subsecretario de Estado Michael Kozak, este les pidió buscar la unidad de cara a las próximas elecciones presidenciales previstas en noviembre de 2021.
Un futuro más auspicioso para los nicaragüenses
En la declaratoria del Departamento de Estado señaló que “Nicaragua puede volver a ser una democracia”. Pero el régimen de Ortega “es reacio a permitir que haya elecciones libres y justas que puedan amenazar a su familia y al gobernante partido Sandinista”.
Es por ello, –manifestó– que Estados Unidos, en colaboración con la comunidad internacional, “respalda los reclamos del pueblo nicaragüense para que se reconozcan las libertades democráticas básicas y se implementen reformas cruciales que posibiliten elecciones libres y justas”.
Y para lograr esos objetivos, Estados Unidos planteó tres acciones. La primera, es que llamó a otros actores de la comunidad internacional a sumarse “en reclamo de que el régimen nicaragüense implemente las reformas electorales necesarias para que haya elecciones libres y justas”, a como lo ha hecho la OEA y la Unión Europea.
Segundo, “reclamar el restablecimiento pleno de las libertades civiles, incluida la libertad de expresión y asociación. No podrá haber elecciones verdaderamente libres y justas en un clima represivo, con más de 80 presos políticos detenidos de manera arbitraria”.
Y por último, “apoyar a las organizaciones cívicas nicaragüenses que defienden el respeto de los derechos humanos y exigen que se permita el acceso a las organizaciones internacionales de derechos humanos para que den seguimiento a las condiciones en el terreno”.
Estados Unidos recordó los esfuerzos que ha realizado hasta el momento para “restablecer la democracia” en Nicaragua, como la presión económica y diplomática “sobre el régimen represivo y corrupto de Daniel Ortega, para contribuir a que se den las condiciones en las que pueda haber elecciones libres y justas”.
Asimismo, la aplicación de sanciones a 22 personas y 8 entidades nicaragüenses empleando las facultades legales existentes, a las que Canadá, la Unión Europea y el Reino Unido también se sumaron.
“El presidente Trump ratificó el compromiso de EE.UU. de restablecer la democracia y el Estado de derecho en Nicaragua promulgando la Ley sobre Derechos Humanos y contra la Corrupción en Nicaragua (Nicaragua Human Rights and Anticorruption Act) de 2018. Antes de la sanción de la ley, el Departamento del Tesoro había designado a varios funcionarios gubernamentales y asociados del presidente Ortega, incluida la vicepresidenta Murillo —esposa de Ortega—, para que se les aplicaran sanciones económicas individuales y/o restricciones de visas”, mencionó.
Finalmente, las sanciones contra el Banco Corporativo de Nicaragua (Bancorp), ”que funcionaba como caja negra de la familia Ortega, y contra Laureano Ortega, hijo del presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. Ambas medidas inmovilizaron todos los activos estadounidenses propiedad de Bancorp y al más joven de los Ortega, e impidieron que ciudadanos estadounidenses realizaran transacciones comerciales con ellos. Esto dio lugar al cierre abrupto de Bancorp”, apuntó.
“Más allá de la presión económica, Estados Unidos sigue trabajando con la comunidad internacional para apoyar los reclamos del pueblo nicaragüense. Seguimos instando al régimen de Ortega a poner fin a la represión del pueblo de Nicaragua, garantizar sus libertades civiles básicas, restablecer el respeto de los derechos humanos y asegurar una reforma electoral permitiendo que haya elecciones libres y justas”, concluyó el Departamento de Estado.