Mientras en estos meses de pandemia la mayoría de los países organizaron asistencia para que sus nacionales pudiesen regresar a su tierra y reunirse con sus familias, Nicaragua se ha destacado por ser el país más negado a que su gente pueda ingresar a su país. Muchos nicas, varados en el extranjero, han vivido situaciones desesperadas por falta de apoyo gubernamental.
Si durante meses, Nicaragua se negó a cerrar sus fronteras terrestres, marítimas y aéreas; si durante la pandemia llegaban cruceros y eran recibidos por niñas y niños vestidos de folklore, si, como dijo Gustavo Porras en la Asamblea Nacional, miles de personas entraron libremente por avión, los nicas que han gestionado su regreso por sí mismos, se encuentran con que las fronteras están cerradas para ellos.
Es inaudita la actitud de quienes dicen ser “cristianos y solidarios”. En este momento hay más de 500 nicaragüenses en la frontera con Costa Rica. Mujeres embarazadas, niños, personas de la tercera edad, hombres de todas las edades están enfrentando una barrera de antimotines que, además los acosan y maltratan. Esas 500 personas no tienen dónde estar. Se han refugiado de la lluvia con plásticos y han estado dependiendo de personas de la sociedad civil, de la UNAB y la Alianza Cívica y de Tania Amador, fundadora de Corner of Love, para sobrevivir.
Son 500 personas apiñadas, remojadas cuando llueve, para las que no hay más que UN servicio sanitario. El riesgo que corren es enorme y absolutamente inexcusable para un gobierno que debía protegerles y garantizarles el pase que, por derecho, les corresponde. El cinismo de Ortega y Murillo es tal que les están exigiendo que PAGUEN por un examen de COVID, ciento cincuenta dólares. ¿Cómo es posible que con los miles de test donados al Ministerio de Salud no se puedan hacer estos test gratis a esta gente? ¿Cómo es posible que se quiera hacer negocio con la desgracia de nuestros connacionales?
Esta multitud está compuesta por nicaragüenses que salieron de Panamá, más otros que desean regresar a Nicaragua debido a que, por la situación económica de la vecina Costa Rica, han perdido sus empleos. La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha conocido de esta situación “precaria” de los nicaragüenses que, sumando a los que esperan en Guatemala y Panamá para que los dejen volver, son en total 850.
Este gobierno demuestra cada día que no existe más que para reprimir. Para colmo, el Ejército también está capturando a los que, desesperados, se cruzan por puntos ciegos, obligándolos a volver a la terrible orfandad estatal que se vive en la frontera.
Hay varias cosas que deben Ortega y Murillo hacer de inmediato:
- Mandar equipos y personal del MINSA -esos camiones con las caras de Rosario y Daniel, sus famosas clínicas ambulantes- a la frontera, a realizar los test GRATIS y dar atención médica a esos ciudadanos.
- Si tanto les preocupa el contagio, deben darles alojamiento en ese hotel ahora vacío, el Seminole, que pertenece a la familia Ortega Murillo, para que estén quince días en “seguimiento cuidadoso y responsable”; que les den comida con lo que se gastan en flores en cada aparición pública, y en gastos aparatosos como la estrella del 19, o esa torre de la campana con que nos están afeando la ciudad.
La solidaridad no es del diente al labio, señores; este es un problema de Estado, que ustedes están OBLIGADOS a resolver. ¿Cómo es posible que ni el Ejército, ni algún ministerio, ni los diputados, ni nadie de este gobierno, exija una decisión o actúe en favor de ese pueblo despatriado? ¿No sólo se quedaron sin opinión, sino también sin corazón?