El exembajador, historiador y politólogo costarricense Vladimir de la Cruz, afirmó este martes que “no es válida” la justificación del gobierno de Ecuador de haber incursionado policialmente en la embajada de México en Quito para capturar al exvicepresidente Jorge Glas, pues sostuvo que “las embajadas son recintos sagrados”, según la Convención de Viena.
Ayer, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, explicó por qué ordenó la irrupción policial en la embajada mexicana para sacar y detener al exvicepresidente Jorge Glas. “La justicia no se negocia”, aseguró.
Vladimir de la Cruz quien fue embajador de Costa Rica en Venezuela (2006-2010) explicó que “las sedes diplomáticas, las embajadas, las casas de los embajadores y los autos de los embajadores se consideran parte del territorio nacional que representan; y un territorio no se puede invadir por fuerzas militares extranjeras porque se considera una agresión, una invasión militar surgido por ese acto a fuerza”.
“Los convenios internacionales siempre han señalado ese derecho de la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, así establecido en el artículo 22 por la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, aprobado el 18 de abril de 1961”, dijo a La Mesa Redonda.
Por ello aseveró que, en el caso del asalto a la embajada mexicana “se está violando un acuerdo internacional por parte del gobierno de Ecuador”.
ECUADOR “ECHÓ AL BOTE DE LA BASURA LO QUE ELLOS HAN DEFENDIDO”
Jorge Glas, quien fue vicepresidente ecuatoriano de 2013 a 2017, fue condenado por corrupción en Ecuador, pero había salido libre luego de que un juez aceptara un recurso de habeas corpus por parte de sus abogados defensores.
Tras nuevas investigaciones en su contra, se refugió desde el 17 de diciembre en la embajada mexicana, país que le concedió asilo político el viernes pasado, horas antes de su sorpresivo arresto.
En ese sentido, de la Cruz recordó que el gobierno ecuatoriano, otorgó asilo político al fundador de Wikileaks, Julian Assange y lo atrincheró durante siete años en su embajada en Londres, Inglaterra. Por lo cual, ahora “echó al bote de la basura lo que ellos han defendido”.
“En el caso de Ecuador, en Londres se asiló Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres y el Estado de Ecuador defendió la inviolabilidad de esa sede frente a las pretensiones de Inglaterra de sacarlo de esa embajada. Y hoy Ecuador con esa actuación que hizo con a la embajada de México, echó al bote de la basura lo que ellos han defendido”, declaró.
El exdiplomático afirmó que “no ha habido otras incursiones de esa naturaleza como la que hizo el gobierno ecuatoriano ahora”, y que esto solo podía ocurrir “si hay una autorización del jefe de la misión diplomática y en este caso no la hubo”.
CASO NICARAGÜENSE
Consultado sobre los asaltos y robos a dos sedes diplomáticas (Taiwán y OEA) en Managua por parte de la dictadura de Daniel Ortega, el experto advirtió los gobiernos extranjeros deben tener “un protocolo de ver qué hace con sus bienes” una vez se rompen relaciones con Nicaragua.
Indicó que se puede negociar que la sede diplomática pueda ser traspasada o vendida a terceros, solo “si hay presencia oficial de la representación” en el país. En el caso de Taiwán, el gobierno de Tsai Ing-wen había donado su edificio diplomático a la Arquidiócesis de Managua, pero la dictadura se opuso y la otorgó a China.
De la Cruz aseguró que “se están sentando precedentes internacionales de actuación frente a imposibilidades internacionales de poder actuar en defensa de un país”.
También recordó el conflicto entre Costa Rica y Nicaragua, por la incursión militar nicaragüense en territorio tico en 2010.
“En el caso del conflicto Costa Rica – Nicaragua, en la punta aquella del Río San Juan, cuando se metió la guardia nica nosotros tuvimos que movilizar a la Policía, y acudimos a la internacionalización del conflicto y se sacó a la guardia nicaragüense metida en tierra costarricense. Y estamos hablando de un país que tiene Ejército (Nicaragua) y otro país que no tiene Ejército (Costa Rica) y se defendió”, recalcó.
Por otro lado, sostuvo que “todas las embajadas que están en Nicaragua pueden valorar sobre los actos del gobierno de Ortega y pueden calificar si protegen o no protegen” a una persona perseguida por la dictadura.
Y además, “lo que hoy sirve para proteger a nicaragüenses perseguidos por Ortega, (también) puede servir para proteger a Ortega perseguido por una justicia de un cambio de gobierno que lo quiera enjuiciar”.