El fiscal general saliente de Honduras, Óscar Fernando Chinchilla, cruzó la frontera hacia Nicaragua, en plena polémica por la falta de consenso en el Congreso Nacional de su país para la designación de un sustituto, y entre dudas de que pueda pedir asilo al dictador Daniel Ortega.
Chinchilla, cuyo mandato dio por expirado el Congreso la semana pasada, llegó a territorio nicaragüense por un paso del departamento de Choluteca, ha explicado el titular de Aduanas, Fausto Cálix.
En principio, tiene pendiente tomar posesión como miembro de la Corte Centroamericana de Justicia, cargo para el que fue designado. Sin embargo, Cálix ha asegurado que el exfiscal, como “cómplice de la corrupción” durante el Gobierno de Juan Orlando Hernández, puede sentirse señalado.
“Su conciencia no debe estar tranquila y cuando pasa eso es porque algún temor hay”, ha indicado, añadiendo que no le “extrañaría” que Chinchilla pudiese refugiarse en Nicaragua frente a futuras acusaciones, informa el diario ‘El Heraldo’.
El mandato del fiscal expiraba el 31 de agosto y la presidenta, Xiomara Castro, había reclamado al Congreso que renovase la cúpula del Ministerio Público. Sin embargo, ni el oficialismo ni la oposición han logrado suscitar suficientes apoyos para sus respectivos candidatos, por lo que el proceso sigue en el aire.
Entretanto, el presidente del Congreso hondureño, Luis Redondo, ha anunciado la creación de una comisión especial para investigar los posibles delitos cometidos por los mandos salientes de la Fiscalía, ya que serían sospechosos, “por acción u omisión” de corrupción, blanqueo de capitales, narcotráfico e incluso terrorismo.
El régimen de Daniel Ortega ha otorgado la nacionalidad nicaragüense a Ebal Jaír Díaz Lupián, quien fue ministro de la Presidencia del exgobernante de Honduras Juan Orlando Hernández (2014-2022) -acusado de narcotráfico en Estados Unidos y extraditado a ese país. También a dos de sus hijos.
Ortega también ha otorgado la nacionalidad nicaragüense a los expresidentes de El Salvador Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) –ambos considerados prófugos de la justicia salvadoreña-, además de a sus familiares.
La Constitución de Nicaragua establece en su artículo 43 que “los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional”.