Desde la ausencia de periódicos, funcionarios e instituciones sancionadas hasta obispos y sacerdotes presos. No hay manera de que Nicaragua pase como un país normal ante los ojos del mundo.
El pasado 30 de agosto, el Instituto de Turismo presentó a operadores turísticos de Costa Rica su campaña internacional “Nicaragua… fascinante, irresistible”, con el objetivo de captar turistas que visitan el vecino país del sur y atraerlos a Nicaragua.
La campaña es parte de un ambicioso plan de promoción turística que busca levantar la golpeada industria del país, que se vino a pique desde las protestas sociales del 2018 y con las noticias internacionales que informan sobre los abusos de derechos humanos en Nicaragua bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ambos señalados de crímenes de lesa humanidad.
“Pretenden engañar al mundo vendiendo un país de bellezas naturales y ocultando a la vez las barbaridades que ocurren ahí. Nadie de los que fuimos invitados salió convencido de que haya seguridad para nuestras inversiones o para convencer a los turistas que visiten ese país”, dijo para este reporte una de las empresarias costarricenses que participó en el evento.
Ella administra un hostal familiar en San Carlos, Costa Rica, y una agencia de transporte turístico en Liberia. Dice que ellos comunican a los turistas que captan y por curiosidad, preguntan por Nicaragua, que en el país en efecto hay muchas bellezas naturales y ofertas turísticas increíblemente baratas y de buena calidad, pero que también hay mucha inseguridad política y represión.
“Les decimos en español, en inglés, en alemán, en francés, en todos los idiomas, que ahí se vive bajo una dictadura, que la Policía es corrupta y violenta y que las autoridades constantemente están criticando e insultando a los gobiernos europeos, estadounidenses y latinoamericanos donde existe la democracia”, dijo la empresaria.
Malos indicadores
Con más de 20 años de presencia en el mercado turístico, dice que ella no tiene absolutamente nada en contra de los empresarios turísticos de Nicaragua, pero sí rechaza a las autoridades y sus dirigentes por las atrocidades contra el pueblo nicaragüense.
“Yo les digo a algunos europeos que, visitar Nicaragua es como visitar Corea del Norte, pero en el trópico. Algunos se ríen y creen que es broma, pero luego les cuento las cosas que ocurren allá y muchos terminan espantados”, comentó.
Ella ha elaborado una lista de asuntos que ocurren en Nicaragua que, a su criterio, no son indicadores positivos para vender el país como un destino “normal” en turismo.
La lista de diez situaciones anormales que la empresaria detalla a los turistas son los siguientes:
- No hay periódicos y el periodismo está penalizado. En efecto, el último diario nacional que circuló en Nicaragua fue La Prensa en agosto de 2022. La dictadura, asaltó policialmente el edificio y apresó a su gerente y otro personal fue perseguido y acusado, por lo cual todos los periodistas se fueron al exilio, junto a cientos de colegas más perseguidos por informar.
- Todos los poderes del Estado y las instituciones de seguridad están sancionados por violación masiva de derechos humanos. Desde el jefe del Ejército y varios mandos militares, la vice presidenta designada mediante fraudes electorales, Rosario Murillo, junto a sus hijos, diputados, magistrados electorales, alcaldes, jueces y magistrados judiciales, fiscales, contralores, Hacienda, reguladores de la banca, toda la institución policial, son acusados de corrupción, lavado de dinero y violación de derechos humanos.
- En Nicaragua hay una persecución abierta y frontal contra la Iglesia católica, sus feligreses y sus representantes, que han llevado a varios sacerdotes al exilio, otros han sido desterrados y varios líderes están presos, incluyendo al obispo Rolando Álvarez.
- No hay garantías de seguridad para las universidades privadas ni sus estudiantes. La dictadura ha anulado y confiscado 28 universidades privadas, incluyendo la más antigua y prestigiosa Universidad Centroamericana (UCA), a la vez que persigue y encarcela a estudiantes, docentes y personal administrativo.
- Migración masiva. Desde 2018, Nicaragua se ha convertido en unos de los Estados mundiales con mayor población en migración y exilio. Casi 700,000 personas han huido de ese país huyendo de la represión, la pobreza y la falta de oportunidades.
- Aislamiento internacional. Nicaragua es el único país en América que ha asaltado y confiscado la sede de la Organización de Estados Americanos, OEA, expulsado al Nuncio Apostólico y roto relaciones diplomáticas con El Vaticano, mientras ofende y ataca con discursos de odio a Estados Unidos, Europa y cualquier país de vocación democrática que cuestione los abusos cotidianos de la dictadura Ortega-Murillo.
- Corrupción y falta de transparencia. Nicaragua cada año se ubica cada vez más abajo en la lista de países corruptos en los informes anuales de organizaciones como Transparencia Internacional y otros; los empresarios son coaccionados para aportar dinero al Estado, las coimas son moneda común en las gestiones estatales y el gobierno oculta los datos públicos de inversiones, compras y gestiones. Hace años la dictadura dejó de hacer pública la información estatal y, al contrario, penaliza la publicación de información pública bajo diversos delitos, incluyendo “difusión de noticias falsas”.
- No hay sociedad civil activa. A diferencia de la mayoría de países de América Latina, Nicaragua ha desarticulado a la sociedad civil, anulando organizaciones no gubernamentales y confiscado sus bienes, mientras persigue y apresa a dirigentes y activistas.
- No hay oficina de derechos humanos. La última que fue cerrada y confiscada en 2021 fue la Comisión Permanente de Derechos Humanos, antes ya habían sido anuladas y clausuradas otras, a la vez que desde 2018 se expulsó a las oficinas de derechos humanos internacionales y se convirtió a la estatal Procuraduría de Derechos Humanos en una oficina de propaganda para ocultar la violación de derechos humanos.
- No hay servicios independientes de atención humanitaria, ya que este año el régimen anuló la Cruz Roja Internacional y confiscó sus bienes para convertirla en una institución estatal y bajo control del Ministerio de Salud, institución cuya dirección fue sancionada y señalada de crímenes de lesa humanidad por negar atención humanitaria a las personas heridas víctimas de la represión estatal de 2018.