Clément Voule, Relator Especial de las Naciones Unidas para los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación, y Pedro Vaca, Relator Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la Libertad de Expresión, pidieron al régimen de Daniel Ortega “cumplir sus obligaciones internacionales de respeto y garantía de las libertades fundamentales” en Nicaragua.
Los expertos recordaron que en varias cartas dirigidas al régimen de Ortega, le señalaron que la cancelación de la personalidad jurídica de cientos de asociaciones “representa un claro patrón de represión del espacio cívico” y expresaron preocupación sobre “los atentados e intromisiones ilegítimas a la libertad de los medios de comunicación”.
Además, manifestaron su preocupación sobre las crecientes restricciones a las libertades fundamentales de expresión, reunión pacífica y asociación, “llegando a un punto crítico”.
Los expertos demandaron el cese la represión del espacio cívico y que se garantice el acceso a la justicia a las víctimas de violaciones de derechos humanos.
“El Estado de Nicaragua debe cesar inmediatamente la persecución judicial a todas las voces críticas, liberar a las personas presas por motivos políticos y garantizar una investigación rápida, imparcial y exhaustiva sobre las denuncias de violaciones de los derechos humanos, que asegure la rendición de cuentas de las personas responsables y la reparación efectiva de las víctimas”, dijeron los expertos.
Desde abril de 2018, el régimen adoptó una “estrategia de censura” y desarrolló y un “claro patrón de represión del espacio cívico” en contra las voces disidentes, incluidos periodistas, defensores de derechos humanos, actores de la sociedad civil, académicos, estudiantes, integrantes de la Iglesia Católica, partidos políticos y personas opositoras a Ortega.
En la declaración conjunta, los expertos exhortan al Estado de Nicaragua a “abstenerse de utilizar la ley de forma arbitraria y selectiva, y de aplicar prácticas gubernamentales abusivas, con el fin de obstaculizar o restringir la participación ciudadana y la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación”.
Los expertos subrayaron que las restricciones a las libertades fundamentales no sólo suponen violaciones de los derechos humanos, sino que tienen un impacto humanitario.
“La cifra de personas presas políticas se eleva a más de 200, muchas de las cuales se encuentran en condiciones de insalubridad, sin acceso a atención médica adecuada, sometidas a regímenes de confinamiento solitario e impedidos de recibir visitas de sus familiares, entre otros tratos crueles, inhumanos y degradantes”, dijeron los expertos.
También exhortan al Estado de Nicaragua a cumplir con los derechos fundamentales de todas las personas privadas de la libertad, a la vida y a ser tratadas con humanidad en respeto a la dignidad inherente a la persona humana.
Pidieron a la comunidad internacional “promover el cumplimiento de sus derechos y libertades fundamentales, y a tomar medidas de apoyo humanitario, acordes a la gravedad de las denuncias recibidas”.
Asimismo, plantearon su preocupación por la persecución que están sufriendo varios actores de la sociedad civil nicaragüense que se ven obligados a huir y necesitan ayuda humanitaria.
“En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho de los refugiados y del derecho internacional humanitario, los Estados están llamados a abrir sus fronteras y a garantizar la entrada de emergencia en su territorio a los actores de la sociedad civil que busquen protección internacional o demuestren necesidades humanitarias urgentes, incluyendo el reconocimiento del estatus de refugiado”, concluyeron los expertos.