La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) denunciaron que entre las 328 muertes que se registraron en Nicaragua en el contexto de las protestas antigubernamentales, hubo 113 ejecuciones extrajudiciales, calificándolas de “crímenes de lesa humanidad”.
El informe publicado el jueves pasado, revela el “carácter sistemático de estos asesinatos y en particular la coordinación en los operativos que llevaron a las ejecuciones extrajudiciales entre entidades estatales, y paraestatales como son las milicias orteguistas”.
El informe de la FIDH y el CENIDH responsabiliza de las “ejecuciones extrajudiciales” al dictador Daniel Ortega, a su mujer Rosario Murillo, al director de la Policía Orteguista, Francisco Díaz Madriz y la exminista de Salud Sonia Castro, “esta última por haber dado órdenes para la negación de asistencia médica a las personas heridas en los contextos de ataques a manifestaciones y tranques”.
“Llegamos a la conclusión de que estamos frente a ejecuciones extrajudiciales y asesinatos cometidos por la fuerza pública, en algunos casos con francotiradores o por grupos paramilitares”, dijo la directora de la oficina para las Américas de la FIDH, Jimena Reyes.
“Algunos tienen personería jurídica porque son grupos relacionados, por ejemplo, con el FSLN, el partido del señor Ortega y otros que son unas pandillas, o grupos de choques, pero que han sido reclutados por el Estado, que los tienen en sus planillas de salarios. Y esto es algo que nos preocupa enormemente”, agregó.
FIDH sostuvo que la represión en 2021 también se expresa con la implementación de un paquete de leyes “liberticidas” votadas en 2020 que acentúan las restricciones de los espacios sociales y, en particular, la posibilidad de criticar al régimen, dificultando mucho el trabajo de las ONGs y personas defensoras de derechos humanos, además de “obstaculizar la presencia de la oposición” en las elecciones de noviembre de 2021.
La FIDH y el CENIDH consideraron que Nicaragua “no podrá salir de la crisis actual si los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Ortega Murillo permanecen en la impunidad”.
Ambos organismos recomendaron desmantelar estos grupos, el cese de la represión y la liberación inmediata de un centenar de opositores aún presos.
*Con información de FIDH y AFP