La Fiscalía de Costa Rica acusó al expresidente del país Luis Guillermo Solís (2014-2018) y a cuatro miembros de su Gobierno por los supuestos delitos de influencia contra la Hacienda Pública y falsedad ideológica, que habrían cometido al utilizar fondos para intentar rescatar al banco estatal Bancrédito.
El Ministerio Público informó este jueves de que la acusación fue presentada el pasado viernes por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) en contra de Solís, el exvicepresidente y exministro de Helio Fallas, el exministro de la Presidencia Sergio Alfaro, la exviceministra de Egresos y Tesorera Nacional Martha Cubillo y el exsubtesorero Mauricio Arroyo Rivera.
Según la acusación, “los imputados convinieron trasladar dinero de la Tesorería Nacional a Bancrédito, sin sustento técnico y con una posibilidad de retorno sumamente baja, con la intención de que la entidad bancaria aparentara tener un índice de liquidez suficiente”.
“Aparentemente, dicha maniobra buscaba impedir que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) llegara a decretar la intervención del banco debido a los serios problemas de liquidez que enfrentaba y, por ende, evitar que la imagen de la administración Solís Rivera se viera dañada”, explicó el Ministerio Público.
La Fiscalía determinó que estas acciones generaron una “afectación a la Hacienda Pública y al interés público”.
Tras los intentos por rescatar el banco, en mayo del 2017 el Gobierno de Solís anunció el cierre paulatino de la operación comercial de la entidad fundada en 1918 y que afrontaba problemas de liquidez.
SOLÍS RECHAZA LOS CARGOS
El expresidente Solís dijo este jueves en sus redes sociales que ha sido informado por la Fiscalía sobre la acusación y afirmó sentirse “sorprendido”, pero “sereno”, y agregó que rechaza los cargos que se le imputan.
El exmandatario indicó que “rechazo de forma categórica los cargos que se me imputan” y aseguró que en su Gobierno “siempre actuamos apegados a derecho, buscando el beneficio del país, así como la protección de los acreedores del Bancrédito y de los derechos de sus trabajadores”.
*EFE