La Fiscalía solicitó el miércoles a la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica tramitar el levantamiento de la inmunidad al presidente del país, Carlos Alvarado, por un caso sobre la creación de una unidad de análisis datos, que podría haber violentado legislación sobre datos personales.
La Fiscalía acusa al presidente de los supuestos delitos de prevaricato (firma de resoluciones contrarias a la ley), fraude de ley y abuso de autoridad en la creación por decreto de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
La prensa local informó que el fiscal general adjunto Warner Molina firmó el miércoles la petición para que la Corte Suprema tramite el levantamiento del fuero para que el mandatario afronte el proceso penal.
Ahora, la Corte Suprema deberá deliberar si hay elementos suficientes para levantar el fuero del presidente y de considerarlo así, lo solicitará a la Asamblea Legislativa.
Para que la inmunidad sea finalmente levantada se requieren dos terceras partes de los votos de la Asamblea Legislativa.
El presidente, que terminará su mandato el 8 de mayo próximo, no se ha pronunciado sobre la solicitud de la Fiscalía.
En febrero de 2021 Alvarado compareció ante el Congreso por este asunto, en donde negó que UPAD haya espiado a los ciudadanos y afirmó que su creación fue de “buena fe” para generar políticas públicas.
La UPAD fue creada mediante un decreto publicado el 17 de febrero de 2020 y que fue derogado por Alvarado el 21 de ese mes en medio de una lluvia de críticas que se centraban en su artículo 7 sobre datos confidenciales.
Ese artículo indicaba: “Las instituciones de la Administración Pública Central y Descentralizada deberán permitir el acceso a toda información que sea requerida por parte de la UPAD para el cumplimiento de sus fines y objetivos” incluida “la información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas”.
En febrero de 2020 la Fiscalía allanó la casa presidencial y decomisó dispositivos electrónicos, incluidos los teléfonos móviles del presidente.
Alvarado dijo en la audiencia ante el Congreso que la UPAD pretendía colaborar, mediante el análisis de datos, en la creación de políticas públicas basadas en la ciencia.
El presidente defendió la legalidad de la unidad y reconoció que el decreto fue derogado por la “confusión” que generaba el artículo 7 en el que había un “error de redacción”.
La Defensoría de los Habitantes emitió el miércoles un comunicado en el que afirma que “la UPAD tuvo acceso a datos sensibles de las y los habitantes” y que así lo denunció ante la Fiscalía en 2020.
“La Defensoría de los Habitantes, en cumplimiento de su mandato legal, interpuso inicialmente la denuncia sobre las eventuales transgresiones de la UPAD en materia de datos sensibles protegidos por Ley. Indagar este caso hasta sus últimas consecuencias es un imperativo legal y democrático para la protección y defensa de los Derechos Humanos en nuestro país y un ejemplo para el mundo”, expresó la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo.
*EFE