El Gobierno del presidente Bernardo Arévalo de León presentó una denuncia penal y una solicitud de antejuicio contra la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras Argueta, por el supuesto delito de incumplimiento de deberes.
Este 29 de febrero, el jefe de la Procuraduría General de la Nación (PGN) , Julio Roberto Saavedra, acompañado Juan Gerardo Guerrero, secretario general de la Presidencia, acudieron a Gestión Penal de la Torre de Tribunales a presentar la querella penal contra la fiscal Consuelo Porras, y pedir que se le retire la inmunidad.
Saavedra dijo a periodistas que la querella se genera ante la negativa de la fiscal general de atender la convocatoria que le hizo el presidente Bernardo Arévalo– para participar en la junta de gabinete del pasado 29 de enero.
“La intención expresada en esa invitación fue coordinar políticas de Estado y acciones acerca de temas que son fundamentales en el esfuerzo que persigue actualmente el Estado de Guatemala para abatir la impunidad, combatir la corrupción y garantizar el respeto de los derechos humanos”, comentó Saavedra.
Añadió que la presencia de la fiscal en esa reunión se consideró necesaria para que participara en la deliberación de esos temas de Estado que permitirían mejorar las acciones del gobierno conjunto con el Ministerio Público.
“El artículo cuarto de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece, y acá cito: El presidente de la República podrá invitar al fiscal general para que participe en cualquier junta de gabinete o de los ministros de Estado. En este supuesto, el fiscal estará obligado a concurrir a la junta con voz, pero sin voto”, leyó Saavedra.
El jefe de la PGN comentó: “el rehusarse a participar en esa junta de gabinete podría enmarcarse en una conducta delictiva que el artículo 419 del Código Penal define como incumplimiento de deberes, ya que es obligación de la fiscal general atender las convocatorias del presidente de la República para coordinar políticas de Estado en los temas para los cuales se le invitó”.
Porras Argueta ha sido señalada internacionalmente de haber intentado impedir la investidura presidencial de Arévalo de León del 14 de enero pasado con una serie de acciones judiciales tras su victoria electoral del 20 de agosto de 2023.