Guatemala y Costa Rica planean presentar un candidato en común para la presidencia ejecutiva del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), según informó la agencia de noticias Europa Press.
Este candidato podría contar con el apoyo de España, México o Taiwán, que son importantes socios que aportan al financiamiento del organismo.
El candidato sería el actual vicepresidente de la institución, el guatemalteco Jaime Díaz Palacios, según el medio El Economista.
“Jaime es una persona razonable, capaz, y ya conoce el Banco, lo que haría más fácil corregir en menos tiempo, todo lo que Mossi deja desordenado”, dijo una fuente a medio nicaragüense El Confidencial.
Mientras tanto, Honduras, Nicaragua y El Salvador han reactivado la alianza que les permitió elegir al actual presidente Dante Mossi en 2018.
Bloomberg publicó la semana pasada que El Salvador postularía al exministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, como candidato para presidir la institución.
Zelaya es actualmente el director de país del BCIE, y a la fecha no ha confirmado su participación.
El plazo límite para la postulación de candidatos vence este próximo viernes 8 de septiembre a la medianoche.
Posteriormente será elegida una terna de la que saldrá el presidente ejecutivo.
La búsqueda
El 12 de mayo la LXIII Asamblea de Gobernadores del BCIE acordó que Mossi ya no fuera elegido en el cargo y ese mismo día decidieron abrir el proceso para elegir a un nuevo representante.
El nuevo presidente deberá asumir el cargo el próximo 1 de diciembre para un período de cinco años.
El candidato elegido tiene que proceder de uno de los cinco países fundadores del BCIE, lo que reduce las opciones: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Desde 1961, la institución ha tenido cinco presidentes de Honduras (entre los que se encuentra Mossi), cuatro de Guatemala, tres de Nicaragua, dos de Costa Rica y uno de El Salvador.
Además de la procedencia geográfica y los distintos intereses políticos que entran en juego, el BCIE exige a los candidatos que cuenten con “reconocida capacidad profesional, honradez y experiencia de al menos diez años en puestos gerenciales y ejecutivos en asuntos económicos, financieros, bancarios o en políticas de desarrollo”.
Del mismo modo, los candidatos deben estar “en el goce y ejercicio de sus derechos civiles”, y no tener “limitaciones legales” para poder ejercer el cargo, es decir, no estar sancionados por ningún país.
Durante su mandato, el nuevo presidente del organismo tendrá que residir en Honduras, donde se encuentra la sede.