El contrato ley firmado entre el Estado panameño y una filial de la minera canadiense First Quantum Minerals (FQM) violó al menos 25 artículos de la Constitución panameña, según el fallo de la Corte Suprema de Justicia que lo declaró inconstitucional en la víspera.
Varios abogados conocedores del caso han explicado a EFE que ese contrato minero, que renovaba una concesión a 20 años prorrogables para explotar la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica, transgrede leyes sobre convenios internacionales, administración pública y medio ambiente, entre otras, recogidas en la Carta Magna panameña.
La decisión de los nueve magistrados del pleno del Supremo también es inédito, ya que con anterioridad, según los expertos, nunca se había declarado inconstitucional un contrato que violentara esa cantidad de artículos de la Carta Magna.
El fallo de la Corte Suprema señala que “lo correspondiente en este momento es declarar que ésta es inconstitucional, por infringir los artículos 4, 17, 18, 19, 20, 32, 43, 46, 56, 109, 118, 719, 120, 127, 124, 159 numeral 10 y 15, artículo 163 numeral 1, artículo 200 numeral 3, articulo 257 numeral 5, artículos 258, y 259, 266,285,286 y 298 de la constitución Política de la República de Panamá”.
La decisión del Supremo se basa, según numerosos expertos, en que los contratos se deben dar en licitación pública y no de manera directa como se hizo; no se tomaron medidas de cuidado ambiental y no se permitió la participación efectiva en un proceso que tomó 10 días, entre otros.
El abogado y catedrático universitario Miguel Antonio Bernal explicó este miércoles a EFE que también se violaron artículos relacionados con “el subsuelo (que) pertenece al Estado panameño, pues no se puede permitir la creación de empresas que pertenezcan o estén en manos de gobiernos extranjeros”, al tener por ejemplo una empresa estatal china alrededor del 19% de las acciones de FQM.
“El artículo 17 en su segundo párrafo establece que las disposiciones contenidas en esta Constitución no son excluyentes de los convenios internacionales firmados por Panamá”, apuntó el experto.
El Estado panameño hizo una inversión de casi 6 millones de dólares en abogados nacionales e internacionales para la redacción del contrato con la gran minera canadiense, según informó el pasado septiembre el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, ante la Comisión de Presupuesto del Parlamento.
Minera Panamá, filial de FQM, contrató por su parte a un prestigioso bufete de abogados de Panamá para asesorarlos durante las negociaciones, que duraron más de un año.
Tras alcanzar el acuerdo final y hacer unas modificaciones sugeridas por los diputados, el contrato fue aprobado, firmado y publicado en la Gaceta Oficial (boletín) en tres días, desatando una oleada de protestas, las mayores en décadas, que culminaron el martes con el fallo del Supremo.
“Tanto los abogados del Gobierno, los abogados externos y todos lo que han salido a defender el contrato, así como los diputados sabían perfectamente que aquí había violación de la Constitución, de los códigos de la República y de un sin número de leyes nacionales e internacionales”, dijo Bernal.
A su juicio “los cinco principios básicos para la existencia de un Estado de Derecho no son respetados, como la separación de poderes, en Panamá no hay; el debido proceso, se viola todos los días (y) la seguridad jurídica es lo que menos tenemos hoy en Panamá”.
El abogado y exmagistrado del Supremo Harry Díaz, que en 2017 fue uno de los magistrados que declaró inconstitucional el primer contrato minero, señaló a EFE que anteriormente no había existido un contrato ley que violara esa cantidad de artículos de la Carta Magna.
“Eso denota la cantidad de violaciones constitucionales, debido a que le metieron clausulas adicionales”, afirmó Díaz.
El exmagistrado alegó que “no se puede renegociar algo que no existe (en relación al anterior contrato declarado inconstitucional). Repiten los mismos errores que nosotros dijimos, los intereses del Estado en una mina se llevan a licitación pública”.