El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció una campaña internacional para debilitar la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya, al que acusa de amenazar la soberanía estadounidense y de pretender juzgar a militares, funcionarios y autoridades de Estados Unidos sin su consentimiento.

La estrategia, presentada por Rubio y acompañada de un extenso artículo publicado en el sitio web del Departamento de Estado, contempla nuevas sanciones, restricciones migratorias para funcionarios de la Corte y una intensa presión sobre gobiernos aliados para que abandonen el organismo.

Según Rubio, la administración del presidente Donald Trump utilizará “todos los recursos” del Gobierno estadounidense para “desmantelar la CPI, paso a paso, si es necesario”.

Washington intensificará las sanciones

El Departamento de Estado informó que la campaña incluye la prohibición de ingreso a Estados Unidos para funcionarios de la Corte Penal Internacional, el aumento de sanciones económicas y mayores restricciones contra organizaciones vinculadas al tribunal.

Además, Washington convocará a embajadores y altos funcionarios de países aliados para instarlos a rechazar públicamente la autoridad de la CPI.

Rubio advirtió que habrá un “mayor escrutinio” sobre aquellos Estados que continúen respaldando a la Corte mientras reciben asistencia o protección militar estadounidense.

Rubio: “La CPI amenaza la soberanía de Estados Unidos”

En su declaración oficial, Rubio afirmó que la Corte se ha convertido en una institución que pretende actuar como un “árbitro global sin rendición de cuentas”.

En el artículo publicado este lunes, sostuvo que Estados Unidos nunca aceptó que un tribunal internacional pudiera imponerse sobre su Constitución ni sobre su sistema judicial.

“La CPI y sus aliados buscan un tribunal mundial permanente con un alcance casi ilimitado, facultado para anular las decisiones de los tribunales y las constituciones de Estados Unidos y otros estados soberanos”, escribió.

El secretario recordó que Washington nunca ratificó el Estatuto de Roma y que tanto administraciones demócratas como republicanas rechazaron someter al país a la jurisdicción del tribunal.

Acusan a la Corte de perseguir a militares estadounidenses

Rubio sostuvo que el conflicto entre Washington y la CPI se profundizó cuando el tribunal abrió investigaciones sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por militares estadounidenses en Afganistán.

Según el funcionario, aquello representó un intento de convertir a la Corte en una autoridad superior al sistema judicial estadounidense.

También criticó que organizaciones internacionales hayan planteado la posibilidad de investigar políticas migratorias y operaciones militares de la administración Trump bajo figuras como crímenes de lesa humanidad.

Israel también figura entre los motivos

La administración estadounidense también mantiene una confrontación con la CPI por las órdenes de arresto emitidas contra altos funcionarios israelíes.

Washington considera que el tribunal ha excedido sus competencias al actuar contra un aliado estratégico y ha sancionado previamente a integrantes de la Corte por esas investigaciones.

Una campaña diplomática internacional

El Departamento de Estado explicó que buscará convencer a gobiernos aliados —especialmente aquellos que dependen del respaldo militar estadounidense— de retirar su apoyo al tribunal.

Rubio aseguró que la campaña responde a la necesidad de impedir que ciudadanos estadounidenses puedan ser detenidos o procesados por decisiones adoptadas por jueces internacionales.

“Nuestros antepasados lucharon en una revolución contra una potencia extranjera que nos transportaba al otro lado del mar para ser juzgados por supuestos delitos. La independencia es nuestro derecho de nacimiento”, afirmó.

Una relación históricamente conflictiva

Estados Unidos nunca ha reconocido la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Aunque el expresidente Bill Clinton firmó el Estatuto de Roma en el año 2000, nunca lo remitió al Senado para su ratificación al considerar que existían “deficiencias importantes” en el tratado.

Posteriormente, el Congreso aprobó la Ley de Protección de los Militares Estadounidenses, que autoriza al Gobierno a emplear todos los medios necesarios para impedir que ciudadanos estadounidenses sean detenidos por la CPI.

Con esta nueva ofensiva diplomática, la administración Trump busca reducir aún más la legitimidad internacional del tribunal y limitar su capacidad de actuación frente a Estados que no reconocen su jurisdicción.