Eduardo González, sociólogo peruano y experto en justicia transicional, ofreció un análisis profundo sobre la crisis política que enfrenta Venezuela tras las recientes elecciones. En declaraciones al medio argentino La Patriada Web, González destaca la gravedad de la situación en el país sudamericano, la cual es tan incierta que resulta difícil prever su evolución.
Sin embargo, subraya la división internacional en torno a la legitimidad de Nicolás Maduro en una América Latina ya fragmentada y en crisis.
Por ejemplo, Estados Unidos, junto con varios gobiernos de la región como Uruguay, Ecuador, Paraguay y Chile, ya han reconocido a Edmundo González Urrutia como el verdadero ganador de las elecciones, exigiendo transparencia en el conteo de votos y llamando a una transición pacífica.
Mientras que países aliados del chavismo, como Cuba, Bolivia, Nicaragua y Honduras, así como potencias como China, Rusia e Irán, han respaldado la “reelección” de Maduro.
En el caso de Brasil, Colombia y México, han optado por una posición intermedia, pidiendo la divulgación de datos desglosados y la resolución de controversias a través de canales institucionales sin pronunciarse claramente a favor o en contra de los candidatos.
Según González, esta postura tácita censura la falta de transparencia en la proclamación de Maduro, pero ofrece una oportunidad al régimen para buscar una solución no violenta.
“Tácitamente, al hacerlo, censuran el apresuramiento y la poca transparencia de la proclamación de Maduro, pero explícitamente no lo hacen, dando una oportunidad al régimen de comprometerse en una salida no violenta”, explicó a La Patriada Web Eduardo González, sociólogo peruano y experto en justicia transicional.
“Esto se puede leer de distintas maneras, pero, en mi opinión, se trata de un incentivo al debate interno en el régimen para ofrecer vías de salida mínimamente honorables y seguras. Si responde negativamente, maltrata a estos países y se aísla más. O bien, como parece estar ocurriendo, intenta una acción a través de tribunales que controla, a ver si eso satisface a los países que han adoptado la posición más prudente”, manifestó.
“Maduro enfrenta la pregunta que muchos regímenes autoritarios se han hecho antes: pagar el costo político de aferrarse al poder, o encontrar una salida política que reduzca los costos para sus integrantes (por ejemplo, evitando consecuencias judiciales por actos cometidos durante el ejercicio del poder)”, opinó González, con amplia experiencia en temas de derechos humanos en América Latina y otras partes del mundo.
González apunta que si el régimen rechaza este incentivo, podría enfrentar un mayor aislamiento internacional y un costo social interno, al reprimir a una ciudadanía que, a diferencia de protestas anteriores, incluye ahora a sectores que tradicionalmente apoyaron al chavismo.
“Por ahora, parecen aceptar el costo que implica volver a un aislamiento internacional que habían empezado a reducir, en virtud a un relanzamiento de las conversaciones con Estados Unidos. Pero el costo no es solo internacional, sino también nacional”, destacó.
“La situación es impredecible, pero es claro que no parece resoluble por la vía estrictamente institucional, sino que se ha llegado -una vez más, como en otros momentos- a un escenario estrictamente decisional: las partes aceptan el reto de medir fuerzas en la calle, lo que tiene un costo social y humano masivo y muy superior al de una resolución política y diplomática”, añadió el experto.
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