La administración de Donald Trump ordenó a las autoridades federales de inmigración revocar el estatus legal de cientos de miles de inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos bajo los programas de parole humanitario y CBP One.
La medida de gran alcance otorga poder a las agencias federales de inmigración, incluido el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), para apuntar contra la población de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos con el permiso del gobierno del expresidente Joe Biden y que esperaban estar protegidos de la deportación, al menos temporalmente.
Ahora, los agentes del ICE pueden arrestar, detener y deportar —en algunos casos, de manera expedita— al menos a 1,5 millones de migrantes que llegaron a Estados Unidos en los últimos años bajo programas que, según la administración Biden, disuadían la inmigración ilegal, pero que la administración Trump ahora sostiene que eran ilegales.
El importante cambio de política fue autorizado por el secretario interino de Seguridad Nacional, Benjamine Huffman, a quien la administración Trump colocó en ese puesto en espera de la confirmación de la elegida por el presidente Trump para dirigir el departamento, la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem.
En su memorando del jueves, que fue informado por primera vez por The New York Times, Huffman emitió una guía para ICE, sobre cómo implementar dos directivas que emitió recientemente.
El documento constituye una guía de procedimiento que da plena autoridad a los representantes de ICE para expulsar a personas protegidas por dos programas implementados por la administración Biden como estrategia para frenar la inmigración ilegal.
La noticia resulta un balde de agua fría para las personas acogidas a protección migratoria en territorio estadounidense bajo ambos programas, establecidos simultáneamente en enero de 2023 y cancelados por una orden ejecutiva de Trump tras asumir su nuevo mandato en la Casa Blanca.
El parole humanitario (CHNV) fue establecido por la administración Biden para los venezolanos en octubre de 2022, y añadió a nacionales de Cuba, Haití y Nicaragua desde enero de 2023. Un total de 531,690 inmigrantes de las cuatro nacionalidades lograron entrar al país.
En cuanto al CBP One, un programa de citas de asilo en la frontera sur, permitió beneficiarse a más de 904,500 personas de diversas nacionalidades, mayormente venezolanos, cubanos y mexicanos.
Las instrucciones del memorando parecen también aplicables a inmigrantes afganos y ucranianos que ingresaron a Estados Unidos bajo sendos programas para refugiados.
Los inmigrantes avalados bajo el CHNV tenían visto bueno para permanecer en el país hasta dos años bajo un estatus legal temporal, sin extensión. Los cubanos tenían la alternativa de obtener su residencia permanente al término de un año, al amparo de la Ley de Ajuste Cubano.
Las personas que cruzaron la frontera con la solicitud de asilo tras cumplir la cita de CBP One tienen un caso abierto en los tribunales de inmigración para buscar asilo político.
Sin embargo, el memorando parece permitir la deportación, independientemente de si los inmigrantes han cumplido su tiempo de permanencia legal o aguardan por concluir su proceso jurídico.
Un alto funcionario de Seguridad Nacional, que hablo con el diario neoyorquino bajo condición de anonimato, dijo que el esfuerzo se basó en la creencia de Trump de que los programas de inmigración de Biden nunca fueron legales, pues no pasaron la aprobación del Congreso, y que los inmigrantes que se encuentran en el país ilegalmente deben ser expulsados rápidamente.