El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en secreto una directiva que autoriza al Pentágono a emplear las fuerzas armadas para realizar operaciones directas contra cárteles de la droga latinoamericanos que su administración ha catalogado como organizaciones terroristas, informó The New York Times citando fuentes cercanas al asunto.
La medida abre la puerta a acciones militares en territorio extranjero y aguas internacionales, marcando un giro hacia la militarización de una lucha que tradicionalmente ha sido competencia de las fuerzas policiales.
Según el diario, oficiales estadounidenses ya trabajan en opciones para perseguir a estos grupos, con el foco puesto en frenar el tráfico de fentanilo y otras drogas ilegales, al que la Casa Blanca atribuye la peor crisis de adicciones en décadas.
La iniciativa se enmarca en una política de línea dura que ha incluido el despliegue de tropas en la frontera suroeste, la designación de cárteles como organizaciones terroristas y el ofrecimiento de una recompensa de 50 millones de dólares por el arresto del dictador venezolano Nicolás Maduro, a quien Washington acusa de liderar el Cártel de los Soles.
No obstante, la orden plantea interrogantes legales y diplomáticos.
Expertos advierten que operaciones militares sin el consentimiento de los países implicados podrían violar el derecho internacional, y que la legislación estadounidense —incluida la Ley Posse Comitatus— limita el papel de las fuerzas armadas en funciones policiales.
Tampoco está claro si la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia ha emitido un dictamen que respalde la legalidad de estas acciones.
En febrero, el Departamento de Estado designó como organizaciones terroristas al Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha (MS-13) y otros grupos criminales. Además, el FBI ha solicitado a policías locales información sobre personas vinculadas a estas bandas para incluirlas en la lista de vigilancia terrorista creada tras el 11-S, lo que podría afectar incluso a ciudadanos estadounidenses.
La nueva directiva refleja una promesa de campaña de Trump para “declarar la guerra a los cárteles” y podría implicar a fuerzas de Operaciones Especiales y unidades navales en capturas o acciones letales. Sin embargo, especialistas en derecho internacional advierten que tales operaciones, fuera de un conflicto armado autorizado por el Congreso, enfrentarían fuertes restricciones legales y políticas.
El gobierno mexicano, encabezado por Claudia Sheinbaum, ya rechazó en abril la propuesta de Trump de permitir que tropas estadounidenses combatan a los cárteles en su territorio.
Pese a ello, Washington mantiene una presión creciente contra redes de narcotráfico que considera una amenaza directa para su seguridad nacional.