Investigación expone participación del Ejército de Nicaragua en la represión de 2018

*Por Expediente Público |

Una investigación independiente de un centro de pensamiento centroamericano, elaborado a petición de una institución estadounidense, tras un profundo análisis jurídico, entrevistas confidenciales, testimonios de víctimas y reconstrucción de informes oficiales, arroja evidencias sólidas del papel de los militares en la represión sufrida en Nicaragua en 2018.

El documento de investigación, hasta ahora de acceso restringido al público, se denomina “Los militares en la represión política de Nicaragua” y tiene como fecha de conclusión el mes de enero de 2021.

El objetivo de la investigación era determinar la participación del Ejército de Nicaragua en la represión desatada a partir de la crisis sociopolítica de 2018 y, a la vez, identificar los mecanismos a través de los cuales los militares se habrían involucrado en la violencia estatal y persecución contra opositores al régimen de Ortega.

Descomposición militar paso a paso

La investigación determina que desde 2007, con el ascenso al poder, Ortega alteró las dinámicas de relación Gobierno-Fuerzas Armadas, que los anteriores gobiernos habían mantenido con el Ejército.

Ortega eliminó la figura del Ministro de Defensa como actor civil para atender los asuntos militares del Estado y mediante una estrategia de coaptación, tomó el control del cuerpo castrense y le otorgó poderes y funciones de ley en el sistema de Seguridad Nacional, de modo que le garantizaran el control militar en cualquier emergencia que amenazara a su administración.

Desde 2010, el régimen imprimió cambios profundos en las relaciones civiles-militares a través de varias legislaciones que crean tanto el Sistema Nacional de Seguridad Democrática y el Sistema de Seguridad Soberana, los cuales son parte integral de la política estatal de seguridad nacional.

Ortega asignó roles de poder al Ejército en la ley 750, Ley de Seguridad Democrática (2010); ley 748, Ley de Defensa Nacional (2010) y ley 919, Ley de Seguridad Soberana.

Con ese trío de leyes Ortega se aseguró, ante cualquier crisis que pusiera en riesgo la seguridad interna y la estabilidad del régimen, la participación del Ejército de Nicaragua a través de la Dirección de Información para la Defensa (DID), un aparato que, a pesar de estar adscrito a las fuerzas castrenses, funciona como mecanismo de seguridad del Estado o de contrainteligencia nacional.

“Las protestas de 2018 fueron consideradas por el Gobierno de Daniel Ortega como un acto de injerencia extranjera y, por lo tanto, por ley, tuvo que ser atendida como amenaza por ambos sistemas de seguridad coordinados por el Ejército de Nicaragua a través de la Dirección de Información para la Defensa (DID)”, dice la investigación.

Los tranques, la DID y la Operación Limpieza

El 18 de abril de 2018 estalló en Nicaragua una crisis político-social que consistió básicamente en protestas masivas a nivel nacional para demandar la salida de Ortega del poder.

Casi todas las ciudades del país estaban tomadas por manifestantes y, sus principales vías de salidas e internas estaban obstaculizadas por tranques que habían sido levantadas para resistir una operación del Gobierno para el restablecimiento del orden.

Sin embargo, a inicios de julio de ese año, el Gobierno lanzó una ofensiva contra los manifestantes que se denominó “Operación Limpieza” y que dejó decenas de muertos, principalmente en Masaya, Carazo, Jinotega y León.

Fuerzas de la Policía Nacional operaron en conjunto con civiles armados afines o militantes del partido de gobierno Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), cuyo líder es Ortega. A estos civiles armados se les conoció como “paramilitares”.

La Operación Limpieza, según la investigación, fue despiadada y sangrienta, al punto de que, en pocos días, el Gobierno había retomado el control, dejando una estela de, al menos, más de cien muertos, varios centenares de heridos y otro centenar de desaparecidos y presos políticos.

La falsa “neutralidad” militar

En esta etapa de la represión del Gobierno, el Ejército de Nicaragua se invisibilizó y emitió el 12 de mayo 2018 un comunicado de aparente “neutralidad” ante la crisis.

Sin embargo, los militares, a través de la DID, estuvieron involucrados en la “atención” que desde el Estado se le dio a la crisis sociopolítica, devela la investigación.

Un exmayor de inteligencia, entrevistado para este reporte, lo resume así:

La DID fue la encargada de la recopilación de información en el terreno que, luego, se le ofreció al presidente Ortega, el jefe en ambos sistemas de defensa, para que la Policía Nacional y los paramilitares operaran con certeza. La información obtenida era ubicación de tranques, número de manifestantes, medios y armas con las que contaban, nombres de sus líderes, medios de abastecimiento, etc. Me atrevo a decir que la DID fue quien les pasó luego a esos aparatos represores, hasta la dirección donde vivían los líderes de la protesta”. 

Lo anterior puede confirmarse con declaraciones que Ana Isabel Morales, exministra de Gobernación (2007-2017), dio en una reunión de militantes del FSLN. Se desconoce la fecha y el lugar del encuentro, pero a Internet se subió, a finales de enero de 2019, un video donde ella asegura que “la inteligencia del Ejército está trabajando aquí en el territorio”.

“… Nosotros ya sabemos cómo es eso, cómo es el juego. Entonces tenemos que, los viejos, enseñarles con contrachequeo, la vigilancia, apoyar a los compañeros de la inteligencia policial o de la inteligencia del Ejército que está trabajando aquí en el territorio. Cuando nos lleguen a tocar, que lleguen a una casa de ustedes para montar puntos de vigilancia de interés operativo, darles todo el apoyo. Porque nosotros sabemos lo que significa eso. Nosotros estuvimos en lo mismo que ellos, nosotros estuvimos en el Ejército, sabemos la importancia de la información operativa para poder operar”.

De la DID a la COE

El mando militar descalificó las declaraciones de Morales en un comunicado del 2 de febrero de 2019, alegando que venían de una ex funcionaria “sin ningún vínculo con la institución castrense”, pero algunos exmilitares consultados en esta investigación, consideran que Morales sí sabía de qué estaba hablando, no solo por haber sido ministra de una cartera de orden interior que maneja contrainteligencia, sino también por ser una de las militantes del FSLN de más confianza para Ortega.

“La información del espionaje que el Ejército hizo en su momento a través de la DID, pudo haberla obtenido de la Secretaría General del FSLN”, valora una de las fuentes consultadas en esta investigación.

Otra unidad militar señalada, esta vez, por exmilitares entrevistados para dicho reporte, es el Comando de Operaciones Especial (COE) del Ejército.

Varios de estos exmilitares aseguran que los principales oficiales de esa unidad patrullaron en helicóptero el país, principalmente la zona norte, para levantar la información táctica de lo que se conoce como “situación operativa”.

Este fue otro canal que pudo haber usado el Ejército de Nicaragua para identificar los tranques o barricadas más fuertes y determinar lados vulnerables que podían aprovecharse en una operación militar.

La situación operativa no es más que la información que se requiere levantar en el terreno para ubicar la cantidad y distribución de fuerzas enemigas, su logística, análisis del terreno y otros datos que se requieren para una intervención con fuerzas coordinadas. Eso fue lo que oficiales del COE hicieron durante sus patrullajes por aire. Esta información se le tuvo que ofrecer a los mandos policiales, quienes, a su vez, usaron la fuerza para desalojar esas barricadas. Es decir, los policías y los paramilitares podrían haber operado con información que les pasó el COE”, considera uno de los exmandos del Ejército que fueron entrevistados.

Participación militar en la represión

La investigación determina que la represión fue el segundo nivel de participación del Ejército de Nicaragua, en los graves incidentes iniciados en abril de 2018.

Varios desertores entrevistados para esta investigación, estaban como militares activos durante la crisis de 2018 y señalan, junto a exmilitares en retiro, cómo el propio general Julio César Avilés los llamó para que se integraran a los paramilitares y operaran al lado de la Policía Nacional para desmontar la protesta nacional.

Para efectos de este informe, y por motivos de seguridad de las fuentes y sus familiares, los investigadores se refieren a los informantes por sus rangos y nombres ficticios en las entrevistas: teniente Marvin, mayor Raúl y coronel Sánchez.

Las tres fuentes coincidieron en identificar patrones de la participación de los militares en la represión. Varios de los patrones más importantes son:

Las órdenes macabras de Avilés

Los tres exmilitares aseguran que la intervención de los militares en la represión de la crisis de 2018 fue una decisión tomada por el presidente Ortega y el general Julio César Avilés, comandante supremo y comandante en jefe, respectivamente, del Ejército de Nicaragua.

El teniente Marvin lo afirma de esta forma:

“Varios de mi unidad militar y yo fuimos seleccionados por el mando de nuestra unidad a ir a Managua para estar presentes en una actividad el 17 de mayo de 2018. Nos comunicaron que esa era una orden de arriba y quien nos selecciona fue el jefe de la unidad. Una vez en Managua, nos llamaron a formar junto con otros militares de otras unidades, entre las que destacan las fuerzas especiales. Esto ocurrió en el área del Estado Mayor General, en las inmediaciones de la laguna de Tiscapa. Allí el general Avilés comenzó a dar un discurso, resaltando a los héroes que habían combatido al imperialismo yanqui (…) Al concluir su discurso, habló de la orden del presidente Ortega de encuartelar a la Policía Nacional. Avilés dijo: el comandante Ortega, como buen ciudadano que es, va a encuartelar a la Policía, pero que ahora nos tocaba a nosotros, los militares actuar, entrar en combate. Seguidamente, dijo que teníamos luz verde para matar y se refirió a los manifestantes como hijos de p… Con palabras textuales afirmó: tienen luz verde para matar a todo hijuep… que quieran. (…) Casi inmediatamente después de terminado su discurso, llegó hasta nosotros, un camioncito cargado de vestimenta civil, principalmente pantalones jeans y camisas del mismo color para que pudiéramos identificarnos”.

Armas y soldados para la represión

La versión de este militar desertado coincide con otras que aseguran que el Ejército aportó personal y armas para las operaciones posteriores que el Gobierno realizó para deshacer las barricadas.

En los medios de comunicación existen registros de exoficiales del Ejército de Nicaragua que fueron llamados para ese fin y testimonios que aseguran haber visto paramilitares entrando y saliendo de comandos militares.

Uno de ellos, el coronel en retiro Tomás Maldonado, aseguró a una televisora nacional que había sido llamado por el mismo general Avilés para que se integrara a los paramilitares en la Operación Limpieza.

“A mí me llamaron los de la Inteligencia del Ejército, teniendo ahí a la orilla (…) a Julio Avilés, (…) aseverando que yo tenía que ver con la organización de los tranques y que le apoyara para desarmar eso y que iba a venir (…) esa limpieza, incluso me ofreció a mí, que le apoyara y que él iba apoyar”, dijo Maldonado en julio de 2020.

Maldonado y su hijo, quien se involucró en las protestas, fueron presos políticos. Ambos son originarios de la ciudad de Jinotepe, ubicada a 50 kilómetros al sur de Managua, de donde el general Avilés también es autóctono.

“Él (militar de Inteligencia) insistía y Julio Avilés le dijo ‘decile de las condiciones entonces’, hablaron de decir que yo podía recibir prebendas de ellos y que se entregara mi hijo y que le iban a dar una casa de seguridad. Hay un involucramiento tremendo en eso, ahí no hay vuelta de hoja en esa situación, que ellos quieran ocultar, bueno que hagan el esfuerzo, pero yo tuve esa comunicación con ellos. Ellos me llamaron, Julio Avilés con el jefe de información”, revela Maldonado.

Ejército trasladó y avitualló a paramilitares

Por otro lado, tanto el mayor Méndez como el coronel Sánchez afirman que algunos medios del Ejército fueron usados para el traslado y avituallamiento de los paramilitares.

Ambos afirman que los militares proveyeron de armas de guerra a los civiles afines al FSLN y que, las mismas, salieron de bodegas que la institución castrense mantiene secretas por diversos puntos de Managua.

Méndez, por ejemplo, señaló que una de esas bodegas está ubicada en el sector norte de la Colonia Morazán, un popular barrio de la capital Managua.

“Allí hay una bodega que usan como fachada para servicios de almacenaje, pero que detrás de la misma los militares mantienen armamento viejo, pero en buen estado”, explicó Méndez.

Persecución, emboscadas y muerte de opositores

La investigación constata situaciones donde existieron fuertes indicios y señalamiento de la participación de los militares en la represión y violencia estatal durante y después de la crisis de abril de 2018.

“Aunque el Ejército de Nicaragua ha intentado invisibilizarse y ponerse al margen de la represión, el análisis de estos casos y los testimonios de las víctimas, refutan la aparente neutralidad que han querido asumir”, indica la investigación, que señala concretamente al Ejército de Nicaragua en estos casos:

Abusos militares permanecen en impunidad

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *