Ezequiel Molina
Existe un binomio clave en la gobernabilidad de un país: los partidos políticos y los gobiernos nacionales, ambos interactúan dentro del denominado Sistema Político, que es en última instancia el sistema determinante sobre el que se desarrolla la actividad gubernamental, es decir, está directamente vinculado con la Constitución y el modo de organización del Estado. La ciencia política contemporánea asigna cardinal importancia a la articulación de ambas estructuras, partidos y gobiernos, para un efectivo desempeño de la democracia moderna.
En el caso de Latinoamérica y el Caribe existe una variopinta manifestación de Sistemas Políticos, desde los más inclusivos, que permiten una amplia participación de agrupaciones políticas, sociales, étnicas, gremiales, etc.; hasta los más restrictivos, como los de partido único, los que privilegian una participación elitaria designada verticalmente, la que garantiza un unísono discurso y desempeño administrativo atado a los intereses partidarios.
El caso Nicaragua, puede ser único en la historia política reciente de Latinoamérica y el Caribe, dado que en la práctica carece de un Sistema Político que opere, al menos parcialmente, dentro del marco jurídico existente, el cual ha sido desconocido al extremo, en aras de mantener a la familia Ortega-Murillo en el poder; algunas de las violaciones jurídicas más emblemáticas, pero no las únicas, inician con el desconocimiento de lo expresado en la Constitución Política, Título IV (Derechos, Deberes y Garantías del Pueblo Nicaragüense), en su Capítulo II, referida a los Derechos Políticos, también el Capítulo VI, que consigna los Derechos de las Comunidades de la Costa Caribe.
El planteamiento de que Nicaragua carece de un Sistema Político, se evidencia inequívocamente al analizar el Título VIII de la Constitución Política en todos sus Capítulos (del I al VI), en donde la casi totalidad del articulado es desconocido flagrantemente; la simple lectura de la Constitución en los Títulos indicados, son prueba suficiente del enorme vacío político que padece Nicaragua, lo cual se refleja en la fragilidad del poder administrado por la pareja dictatorial, cimentado en la represión, el chantaje, el espionaje y el cohecho, entre otras figuras legales y políticas, que los especialistas en Derecho podrían ampliar exponencialmente.
Ahora que se aproxima la celebración cúspide de Ortega y sus prosélitos, fuera de las acostumbradas diatribas y sandeces, resuena un altisonante vitoreo al FSLN, inexistente partido o movimiento político, dado el abandono total a su propio Programa Político y funcionamiento de sus órganos de conducción, pero, si acaso tuviera alguna existencia real, ésta se convierte en una existencia al margen de la ley; basta revisar la Ley de Partidos Políticos, para afirmar que viola doblemente el Artículo 4 de la misma, al proscribir los partidos políticos y pretender instaurar un sistema político similar al somocista. Dicho Artículo a la letra expresa: «Los Partidos Políticos podrán organizarse libremente en el País sin restricción ideológica alguna. Se prohibe la existencia de agrupaciones o Partidos Políticos que pretendan el retorno al somocismo o propugnen por establecer un sistema Político similar».