El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) acusó este martes a la jueza orteguista Nadia Tardencilla, titular del Segundo Distrito de lo Penal de Juicio de Managua, de ser “famosa por sus aberraciones y su docilidad delictiva” a causa de las sentencias que ha aplicado a varios presos políticos, incluidos religiosos de la Iglesia católica en Nicaragua.
El CENIDH se refirió hoy a lo que tildó de “aberración jurídica que profundiza la represión en Nicaragua” a las sentencias que la jueza Tardencilla aplicó ayer a cuatro sacerdotes católicos, dos seminaristas y un camarógrafo de la diócesis de Matagalpa, a quienes les dictó 10 años de prisión por los falsos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.
Pero además, la judicial cometió “la aberración más grande” al inhabilitar de por vida para ejercer cualquier cargo público o de elección popular y el ejercicio de los derechos políticos a los religiosos.
“La aberración más grande, el último atropello a la inteligencia de las y los nicaragüenses y de la comunidad internacional es la inhabilitación absoluta DE POR VIDA para ejercer cualquier cargo público o de elección popular y el ejercicio de los derechos políticos. Según el artículo mencionado estas son penas accesorias que no pueden durar más tiempo que el establecido en la pena principal, por tanto, estas inhabilitaciones tendrían que durar los diez años que la juez Tardencilla, famosa por sus aberraciones y su docilidad delictiva les ha aplicado”, dijo el CENIDH en un pronunciamiento.
Para el organismo, con esta última sentencia “quedó expuesto que el régimen está delinquiendo impunemente y el llamado Poder Judicial, al estar contraviniendo lo que dicen las leyes y actuando contra ley expresa, incurren en la comisión de delitos tipificados en el Código Penal de la República de Nicaragua, por los que deberán ser juzgados”.
Explicó que los artículos 46, 47 y 66 entre otros del Código Penal vigente establecen cuáles son las penas, la naturaleza de las mismas, cómo estas se aplican y las cataloga en penas principales y accesorias. “En este caso sucede que la juez impone las penas de prisión que supuestamente merecen los delitos atribuidos a los sacerdotes; cinco años de prisión por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y cinco años por supuesta Propagación de noticias falsas, más la aplicación de 800 días multa”.
“Para CENIDH esto es una afrenta al derecho, una afrenta a la inteligencia, una afrenta a la comunidad internacional y a los organismos internacionales de protección de derechos humanos, que permanentemente están insistiendo en condenar las violaciones a las garantías del debido proceso, a las que están sujetas las personas presas políticas en Nicaragua”, reprochó.
Los condenados y sentenciados por Tardencilla son los sacerdotes Ramiro Tijerino, Sadiel Eugarrios, José Luis Diaz, Raúl Vegas, los seminaristas Darvin Leiva y Melkin Centeno y el camarógrafo Sergio Cárdenas, a quienes la Policía mantuvo secuestrados junto con Monseñor Rolando Álvarez en la curia episcopal de Matagalpa, desde el 4 hasta el 19 de agosto de 2022.
“Denunciamos ante el mundo no solamente esta aberración cometida contra los siete miembros de la Diócesis de Matagalpa, esta nueva acción represiva se ha comenzado a aplicar por varios jueces, a petición de los fiscales en casos anteriores, adicionando sentencias firmes de las siguientes formas: ‘Adiciónese la sentencia número XX…’, ‘Téngase al condenado… como traidor a la patria en consecuencia se inhabilita de forma perpetua para…’; violando expresamente los artos. 55 y 56 del Código Penal que invocan, ya que dichos artículos señalan el tiempo de duración de estas ‘penas privativas de otros derechos’, por lo que jamás se pueden aplicar de forma indefinida”, señaló el CENIDH.
“Denunciamos ante el mundo esta barbarie jurídica, esta persecución indiscriminada que es la destrucción total no solo de la institucionalidad sino de cualquier vestigio de seguridad jurídica que quede en el país, es el aniquilamiento de las personas presas políticas para quienes exigimos su libertad inmediata”, finalizó el organismo.