“La violencia es el miedo a los ideales de los demás”
Mahatma Gandhi
*Por Marco Aurelio Peña
Decían los revolucionarios que la violencia tenía el papel de comadrona en el desarrollo histórico, que los traumas del trastorno social eran como dolores de parto. En Nicaragua, como en otras latitudes, las revoluciones, las guerras y los cuartelazos militares han reproducido a gran escala el complejo fratricida de Caín sobre Abel y el de Rómulo sobre Remo. Ahora el nicaragüense ha tomado conciencia que su desafío es transitar a la democracia asumiendo la filosofía política de la lucha noviolenta e interiorizando un nuevo paradigma de cambio social: la paz como partera de la Historia.
El enjambre de protestas antigubernamentales en Nicaragua, iniciadas al calor del verano de abril de 2018, reveló pensares y sentires que convergieron en la voluntad general de llevar a cabo una transición democrática. Se desplegaron acciones de presión civil por un cambio colectivo centrado en el valor universal de la paz. Las protestas sociales autoconvocadas contra el régimen autocrático Ortega-Murillo se convirtieron en una auténtica insurrección cívica y pacífica que se extendió en diferentes partes del país.
La Rebelión de Abril fue salvajemente reprimida por grupos policiales y parapoliciales originando una severa crisis sociopolítica y de derechos humanos, que en 15 meses y medio dejó un saldo de víctimas fatales igual o mayor a 355 personas (de las cuales 27 serían niños/as y adolescentes), al menos 2,000 personas heridas y más de 1,600 personas arbitrariamente privadas de libertad. A la fecha, se estiman cerca de 170,000 desplazados por causas políticas y económicas. Adicionalmente, se contabilizan más de 170 presos/as políticos/as (incluyendo adultos mayores), más de 150 expulsiones injustificadas a estudiantes universitarios e incontables despidos a servidores públicos como represalia política.
El practicar una cultura política centrada en la paz, en una sociedad estructural y culturalmente violenta (como lo define Johan Galtung), lleva el riesgo que toda movilización social, de espíritu cívico, pacífico y civil, sea desnaturalizada por disturbios causados por agitadores, extremistas e impostores que son agentes del caos. A decir verdad, los rebeldes de abril se sublevaron contra el sojuzgamiento del tridente Estado–partido–familia. Frente a una orden política de “vamos con todo” (atribuida a la vicepresidente Rosario Murillo), la postura de quienes abrazaban la noviolencia era no darle excusa al Estado de que arreciara el uso excesivo y desigual de la fuerza con armas letales. Desafortunadamente, la idea de lo heroico suele vincularse más con la violencia y menos con la paz (como si el instinto de muerte predominara sobre el de la vida). Un arrojo obcecado de patriotismo aumenta las víctimas mortales.
La lucha noviolenta requiere de mucha inteligencia emocional y fortaleza espiritual. La no-cooperación como método de lucha se refiere a las acciones a través de las cuales la ciudadanía, de forma deliberada y consciente, retira su apoyo a las actividades de cooperación económica y social. Específicamente, la no-cooperación económica (boicots y huelgas) es rehusarse a comprar, vender, manejar o distribuir bienes y servicios específicos. Este método está directamente relacionado con el consumo responsable. Se trata de negarle el dinero a aquellos que sean autores y cómplices de transgresiones a los derechos humanos (no adquirir sus productos).
El liderazgo consciente y emergente tras la explosión social apuesta por la lucha noviolenta para la transición democrática, de modo que en los momentos más agudos de la crisis se adoptaron métodos de no-cooperación económica como táctica y estrategia para erosionar al régimen dictatorial. A la bizarra consigna sandinista “patria libre o morir”, el movimiento azul y blanco le replicó contestatariamente “patria libre y vivir”, lo cual dilucida un nuevo paradigma de lucha política reafirmando y cuidando el derecho a la vida (en oposición al heroísmo martirológico).
A continuación, se ponen de manifiesto las acciones de no-cooperación económica de mayor beligerancia que se observaron a partir de la Rebelión de Abril:
Se convocaron 4 paros nacionales entre junio de 2018 y mayo de 2019, que ralentizaron las actividades económicas y sociales del país durante 24 horas en cada jornada de protesta. Los paros consiguieron que el Gobierno aceptara el ingreso al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y demostraron el respaldo de una abrumadora mayoría a la transición democrática.
Se bloqueó el transporte terrestre de mercancías y se tornó irregular el transporte urbano colectivo a causa de las barricadas populares (llamadas coloquialmente “tranques”) que obstruyeron las calles y carreteras del país.
Se llevó a cabo una huelga por parte del gremio de taxistas en una jornada de 24 horas que redujo al mínimo el servicio de transporte selectivo.
Se desafiliaron miles de cotizantes del sistema público de seguridad social por la desconfianza ciudadana hacia la institución rectora de las pensiones debido a su insolvencia financiera. Se hizo circular una nómina con los sueldos privilegiados de los funcionarios y servidores públicos de la entidad (la reforma gubernamental a la seguridad social fue uno de los detonantes de las protestas sociales en 2018).
Se efectuaron llamados al paro de consumo y a la desobediencia tributaria, lo cual tuvo incidencia en la economía de servicios, concretamente, en la contracción registrada en los sectores comercial y turístico. Se identificaron algunas empresas propiedad de allegados al Gobierno para no comprarles sus productos y se publicaron los nombres de sus dueños.
Se llamó a un apagón eléctrico a determinada hora ya que la empresa comercializadora de energía eléctrica tiene participación gubernamental.
Se redujo drásticamente el consumo ciudadano del combustible ofrecido por las estaciones de servicio de la Distribuidora Nacional de Petróleos (DNP) de la Empresa Nicaragüense de Petróleos (Petronic). El no consumo del combustible y las subsiguientes sanciones económicas internacionales afectaron a la empresa estatal y ocasionaron el cierre de muchas de sus estaciones de servicio.
La táctica y estrategia de no-cooperación económica generó una radicalización de la familia gobernante en su afán de conservar el poder por el poder mismo. El régimen autocrático reaccionó con mecanismos de represión económica colectiva, a saber:
El Gobierno prohibió las protestas sociales y amenazó con imponer cárcel a los líderes sociales, estudiantiles y empresariales que en adelante convoquen a paro de actividades. Además, el régimen advirtió que enjuiciaría a los empresarios que se sumaran a los paros, reportándose casos de personas y empresas asediadas por la fuerza policial.
Grupos parapoliciales ejecutaron la ofensiva armada denominada “operación limpieza”, que desarticuló violentamente a los tranques y restableció el transporte terrestre de mercancías y personas.
La Asamblea Nacional, cumpliendo órdenes de Presidencia, aprobó, sin consulta ni concertación social, reformas a la seguridad social y al sistema tributario, a través de las cuales se incrementaron las tasas contributivas e impositivas en perjuicio de la clase trabajadora y del sector empresarial.
La maquinaria estatal impuso una política de recaudación fiscal conocida en la opinión pública como “terrorismo fiscal”, ya que el contribuyente (máxime si es opositor o crítico) es víctima de acoso legal y judicial. La Administración Tributaria altera arbitrariamente las deudas tributarias sin respetar los derechos a favor de la ciudadanía (por ejemplo, las exenciones por jubilación o el alegar prescripción legal).
Las acciones de no-cooperación económica fueron eficaces y precedieron las sanciones económicas individuales decretadas por la Comunidad Internacional en desmedro del desacreditado e ilegítimo régimen. Se piensa que un respaldo sostenido y no vacilante del capital comercial y financiero nicaragüense representado gremialmente en el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) a las acciones autoconvocadas de no-cooperación económica hubieran tenido un efecto mucho más contundente, intenso y prolongado para presionar por una renuncia de los mandatarios o por un adelanto de elecciones generales.
Hoy en día, el Gobierno está muy endeudado, siendo su principal financista el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). No sería desacertado en el futuro desconocer la deuda pública contraída con el BCIE, ya que este organismo desvirtúa su propia misión institucional al no ser consecuente con un enfoque de derechos, libertades y capacidades que sustenta la concepción moderna de lo que globalmente se entiende como desarrollo económico, humano y sostenible.
La oposición organizada está pasando por una fase de recomposición debido al encarcelamiento, el asedio y el exilio de su liderazgo. El llamado político a disminuir las remesas monetarias provenientes del exterior (con el objetivo de pagar menos impuestos) no ha tenido eco ni respaldo porque las familias nicaragüenses dependen fuertemente de estos envíos de dinero para satisfacer sus necesidades de consumo.
En este sentido, podría ser más táctico generalizar una actitud de escepticismo y rechazo a las cifras macroeconómicas que presentan un país completamente discordante con la percepción que la gente tiene sobre su entorno microeconómico. Es decir, sería más inteligente capitalizar la desconfianza ciudadana hacia las instituciones gubernamentales, la desinformación desde el poder y el malestar social por las condiciones económicas adversas. El resto está por verse. Es prudente dar un paso atrás y dos adelante. Los pequeños pasos son necesarios para la consecución de grandes ideales.
*Marco Aurelio Peña es economista, abogado y docente universitario nicaragüense. Es directivo de la Asociación Centroamericana de Filosofía (ACAFI). Ha trabajado en temas de derechos humanos, justicia transicional y cultura de paz. Actualmente está exiliado en Costa Rica.