Danny Ramírez-Ayérdiz**
El pasado 31 de enero, el equipo del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH) presentamos el Informe sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua 2022. Setenta y dos páginas no fueron suficientes para describir el panorama de desasosiego que nos inundó cuando elaborábamos el reporte. La metodología de trabajo de CALIDH es dar seguimiento a grupos específicos. No hubo un solo grupo que no esté afectado por la transformación del Estado en un conjunto de oficinas especializadas en ejercer un control desmedido sobre la población y en especial en perseguir, procesar y enjuiciar a las voces opositoras y hasta los propios disidentes del gobierno.
2022 fue el año, después de 2018, en el que más se aceleró la erosión de los derechos humanos. La concentración absoluta de atribuciones en el Poder Ejecutivo ha vulnerabilizado aún más a grupos que histórica, estructural o contextualmente han sufrido de los prejuicios, el abandono social, la inequitativa distribución de la riqueza o la propia desatención del Estado. El abandono del deber de prevenir y asegurar integralmente los derechos de las niñas y las mujeres, por ejemplo, potenció las formas de crueldad con las que se cometieron los femicidios en 2022. El sistema penal, en lugar de prevenir el delito, está enmarcado en la agenda conservadora con la que se aborda la violencia en tres ejes a. la radicalización de la severidad penal, b. la imposición del modelo de familiarismo forzado ―eco desacertado de la forma en que se ejerce el poder en el país― y c. la concentración de las instituciones penales en las tareas de venganza estatal.
Es importante resaltar que el Estado tiene la facultad de castigar el delito. Sin embargo, existe un patrón de censura contra las voces opositoras en la que, a través del Poder Judicial y la policía, el Estado se venga de quienes intentaron perpetrar un golpe de Estado fallido. Como en la venganza no hay justicia, en 2022 se ejecutaron juicios totalmente desprovistos de las garantías del debido proceso que no necesitan estar en ninguna ley para que el juez actuante recuerde que hacen parte de la dignidad del procesado que tiene al frente.
Todos los juicios contra personas privadas de libertad por motivos políticos demostraron el desprecio por el debido proceso, cuyas garantías descansan en el Derecho Internacional inmodificable, cuyas normas son pétreas y por más que el Estado emita leyes con destinatarios concretos legítima e internacionalmente no tienen validez. Los derechos están por encima de las leyes injustas y en el Derecho Internacional toda ley que contravenga las normas de derechos humanos no sólo no es válida, sino que deben ser expulsadas del ordenamiento jurídico del país. Eso lo deben saber perfectamente los expertos del Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno nicaragüense.
Hubo derechos restringidos cada vez más. Pero 2022 también fue escenario de supresión de los derechos como el de libertad de asociación, libertad religiosa y los derechos políticos. Una vez más volvemos a las normas del debido proceso: la demolición de las más de tres mil oenegés el año pasado son absolutamente nulas porque sus directivos tenían derecho a ser oídos, oír, presentar pruebas y alegatos, recibir una resolución motivada, tanto para el proceso de disolución como para la confiscación de sus bienes. Cada uno de estos derechos fueron inobservados y no tienen validez. Ni tres mil decretos están por encime del debido proceso.
Sin embargo, con un Poder Judicial sin rastro de imparcialidad consumó la destrucción de la libertad religiosa de la Iglesia Católica, ejecutando juicios injustos contra sacerdotes, laicos y un obispo. El Poder Judicial dio el tiro de gracia para evidenciar un enorme problema para el Estado de Nicaragua: la persecución a grupos religiosos, en el marco de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, es un crimen de lesa humanidad. Aunque Nicaragua no sea suscriptora del Estatuto de Roma que establece a la Corte Penal Internacional, esto no exime a los perpetradores, a los jueces y juezas que abusan de su poder y se apartan del sentido humanitario del Código procesal penal.
Los derechos políticos de elegir y ser electos fueron suprimidos finalmente con el sepultamiento de los últimos resquicios de la autonomía municipal establecida por voluntad constitucional. Los nicaragüenses tenemos derecho a participar de los asuntos locales a través de elecciones, consultas y cabildos. La lista de supresiones continúa. El escenario de este año ya es desolador. Mientras tanto, los organismos de derechos humanos seguiremos documentando y sistematizando y representando a las víctimas en su camino de búsqueda de la justicia negada. Es nuestro deber y es lo que podemos hacer ante un escenario tan desolador.
** Secretario ejecutivo de CALIDH